Trump reitera ante el Tribunal Supremo veto a musulmanes

En las vísperas de la revisión por parte del Tribunal Supremo a la prohibición del Gobierno de Donald Trump a la entrada de musulmanes de algunos países a Estados Unidos, la Casa Blanca presentó ayer sus argumentos para mantener la medida.

Trump defendió ayer ante el tribunal su poder para restringir la entrada a su país de refugiados y musulmanes por razones de seguridad nacional, una de las decisiones más polémicas en lo que va su administración.

Macron habla frente al Congreso de EE.UU.

El presidente francés, Emmanuel Macron, alertó ayer contra el aislacionismo y ‘la ilusión del nacionalismo' en un discurso ante el Congreso de EE.UU., donde además pidió no iniciar una ‘guerra comercial' con la Unión Europea (UE) y combatir el cambio climático porque ‘no hay un planeta B'.

Un día después de reunirse con el presidente Trump, Macron dio un discurso en el que expresó su oposición a algunas de las posiciones de ese mandatario que más han tensado su relación con la UE, y pidió apostar por ‘un fuerte multilateralismo' que impida la decadencia de instituciones como la ONU y la OTAN.

‘Cerrar la puerta al mundo no parará la evolución del mundo', advirtió el mandatario francés.

El presidente francés propuso, en cambio, un ‘nuevo tipo de multilateralismo' que preserve el orden internacional ‘surgido tras la segunda guerra mundial'.

‘Esto requiere, más que nunca, la participación de EE.UU., porque su papel fue decisivo a la hora de crear y salvaguardar el mundo libre de hoy'.

Según reportes de Efe , en una audiencia de una hora, los nueve jueces se mostraron profundamente divididos sobre la legitimidad de la tercera versión del veto del mandatario, conocido popularmente como ‘veto 3.0' y que actualmente obstaculiza la entrada de los nacionales de siete países (Irán, Libia, Somalia, Siria, Yemen, Venezuela y Corea del Norte).

El alto tribunal está dividido en cuatro jueces progresistas y cinco conservadores, aunque el magistrado Anthony Kennedy (considerado conservador) suele dar el voto del desempate en casos de gran relevancia como el actual, en el que está en juego uno de los pilares de la política migratoria de Trump.

En junio, cuando emita su sentencia, el Tribunal Supremo deberá resolver dos hechos, si Trump excedió su poder al potencialmente restringir la entrada a EE.UU. de unos 150 millones de personas de siete naciones y si violó el Gobierno la cláusula de la Constitución que le prohíbe al Estado favorecer a una religión por encima de otra.

Los cuatro jueces más progresistas coincidieron con los demandantes, liderados por el estado de Hawái, en que el veto desfavorece a los musulmanes y, por tanto, viola la Constitución.

‘El veto es ilegal, impone una grave discriminación por nacionalidad y religión', afirmó el abogado que representaba a los demandantes, Neal Katyal.

El letrado usó comentarios de Trump y sus mensajes en Twitter para probar que su intención era imponer un ‘bloqueo completo y total' a la entrada de musulmanes a Estados Unidos, como prometió durante la campaña para las elecciones de 2016 tras el atentado que acabó con la vida de catorce personas en San Bernardino, en California.

Frente a ello, el abogado del Gobierno, Noel Francisco, instó a los jueces a ignorar las declaraciones que hizo Trump ‘como ciudadano privado' antes de llegar a la Casa Blanca. ‘Esto no es un veto musulmán, si lo fuera sería el más ineficiente del mundo porque deja fuera a la mayor parte del mundo musulmán', argumentó Noel Francisco en su intervención.

El caso ha despertado una gran expectación y ha hecho que se posicionaran ante el Tribunal Supremo los grupos católicos, judíos y musulmanes más importantes de Estados Unidos, como la Conferencia de Obispos Católicos, la Conferencia Central de Rabinos Americanos y el Consejo Musulmán de Asuntos Públicos.

REVÉS JUDICIAL

Al mismo tiempo que la Casa Blanca sustenta su posición en el Supremo sobre el veto, se pronunció también sobre la decisión de un juez federal de respaldar programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) para jóvenes indocumentados.

Desde el Ejecutivo de Trump lamentaron ayer la decisión judicial, asegurando que dicho fallo beneficiará a las organizaciones criminales y a los ‘coyotes' que trafican con personas, porque ‘crea un incentivo' para la inmigración ilegal a EE.UU..

El fallo judicial emitido el pasado martes da 90 días al Departamento de Seguridad Nacional para justificar por qué puso final a ese programa de alivio a las deportaciones de jóvenes indocumentados y, concluido ese plazo, le obliga a aceptar nuevas solicitudes de DACA.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, insistió en que DACA ‘es ilegal' porque ‘viola la ley federal'.