El Congreso de Guatemala avanza en aprobar el 'Estado de sitio' al conocer 'logros'

El Congreso de Guatemala avanzó este jueves en la aprobación de dos declaratorias de "Estado de sitio" en más de 20 municipios del país al conocer los "logros" alcanzados que divulgó en una sesión el Ministerio de la Defensa.

El titular de la cartera, el general Luis Miguel Ralda, acudió al hemiciclo para explicarle a los diputados que durante los 30 días que estuvo en vigencia esta emergencia en 22 municipios del noreste del país, para combatir una supuesta proliferación de grupos del narcotráfico, se lograron avances.

En este sentido, contó que destruyeron 11 pistas clandestinas y que desmantelaron cuatro narcolaboratorios que tenían capacidad para producir entre 300 y 500 kilos de cocaína diarios, unos hechos que permiten combatir contra la posibilidad de que el país se convierta en un productor de droga.

Además, añadió que destruyeron 1.5 millones de planta de cocaína y otros aspectos que aseguró que están bajo reserva.

El Gobierno de Guatemala solicitó una prórroga del Estado de Sitio en 22 municipios del país, decretado tras la muerte de tres militares en una emboscada, y declaró además una situación igual en los municipios de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, en el departamento de Sololá, por un conflicto territorial entre ambos municipios.

Ambos acuerdos fueron aprobados este jueves en segundo debate y el Congreso tiene plenaria para este viernes continuar con el curso y aprobarlos en tercer y último debate, además de por artículos y redacción final.

El artículo 16 de la Ley de Orden Público señala que el Ejecutivo puede decretar el estado de sitio por actividades "terroristas, sediciosas o de rebelión" que pretendan cambiar por medios violentos las instituciones públicas o cuando hechos graves "pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado".

También cuando se registran o se tengan "indicios fundados" de que se van a producir "actos de sabotaje, incendio, secuestro o plagio, asesinato, ataques armados contra particulares y autoridades civiles o militares u otras formas de delincuencia terrorista y subversiva".

Durante el estado de sitio, todas las autoridades y entidades estatales están obligadas a prestar a la autoridad militar "el auxilio y cooperación que les sean requeridos, dentro de la esfera de su competencia".

Esta situación le permite a la autoridad militar, según el artículo 19 de la misma norma, "intervenir o disolver sin necesidad de prevención o apercibimiento" cualquier grupo, ordenar sin necesidad de mandamiento judicial o apremio la detención o confinamiento de cualquier persona, y repeler o reprimir por los medios "preventivos, defensivos u ofensivos que fueren adecuados" cualquier acción.

Además, restringe derechos del ciudadano como la libertad de acción, la libertad de locomoción y manifestación, el derecho a la reunión o la portación de armas, entre otros.

Algunos diputados, como el oficialista y kaibil Estuardo Galdámez, aprovecharon este tema para incidir en la necesidad de fortalecer al Ejército.