Demanda contra comisión anticorrupción de OEA en manos de Supremo salvadoreño

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador tiene en sus manos una demanda que cuestiona el apego a la Constitución de la forma en que el Gobierno salvadoreño y la Organización de los Estados Americanos (OEA) dieron vida a una comisión internacional contra la impunidad y corrupción.

El Gobierno de Nayib Bukele y la OEA firmaron a inicios de septiembre de 2019 un acuerdo para lanzar e implementar la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies).

Desterrar la corrupción de la administración pública se convirtió en un punto de honor en su agenda de Bukele durante la campaña electoral para los comicios presidenciales de 2019, en la que criticó constantemente a los partidos de sus adversarios por su supuesta relación con casos de malversación de fondos públicos.

CUESTIONAN PROTOCOLO

Aldo Cáder, magistrado de la Sala de lo Constitucional, aseguró recientemente que un ciudadano presentó una demanda de inconstitucionalidad relacionada con el "acuerdo inicial" que se firmó entre el Gobierno salvadoreño y la OEA.

Explicó que dicha demanda no cuestiona el "trabajo" de la referida comisión, sino que "un primer protocolo de entendimiento" que se firmó "para empezar a caminar en el tema de la Cicies".

El magistrado señaló que la demanda aún no ha sido admitida para su resolución y que deben analizar "si está bien planteada o no".

COMISIÓN SIN ATRIBUCIONES JUDICIALES

Pese a que inicialmente la población salvadoreña esperaba que la Cicies fuera una especie de gemela de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la entidad salvadoreña únicamente dará apoyo técnico a la Fiscalía y realizará investigaciones administrativas en el Ejecutivo.

Esta fue una de las primera críticas que recibió la Cicies de parte de diferentes sectores, que esperaban que pasara primero por la aprobación del Congreso para que tuviera atribuciones especiales.

La naturaleza de la Cicies la aclaró finalmente el portavoz de la misma designado por la OEA, Ronalth Ochaeta, a mediados de diciembre.

"Nosotros no vamos a investigar casos, nosotros vamos a hacer auditorías forenses en el Ejecutivo", señaló durante una entrevista televisiva.

Apuntó que si en esas auditorías encuentran "elementos o indicios" sobre delitos, "vamos a presentar el aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) a efecto que ellos hagan la investigación".

De hecho, ambos entes firmaron el 9 de diciembre un convenio con el que se busca fortalecer las capacidades técnicas del Ministerio Público salvadoreño.

"Estamos fortaleciendo la asistencia técnica que la OEA brindará para que sigamos persiguiendo, detectando e investigando el delito, y reforzará nuestra acción en la labor penal y erradicación de la corrupción e impunidad", dio el fiscal general, Raúl Melara, en rueda de prensa.

EL PASO QUE FALTA

El plan de gobierno de Bukele, presentado antes de las elecciones de febrero pasado y denominado Plan Cuscatlán, plantea tres pasos para la creación de la Cicies, de los que falta uno.

Dicho plan plantea la solicitud de ayuda a la OEA o Naciones Unidas, la firma de un convenio y la aprobación del mismo en el Congreso para "volverlo ley y darle las atribuciones necesarias" a la Cicies.

No obstante, hasta la fecha se desconoce si el Ejecutivo ha solicitado a los diputados dar este último paso.

PRIMER CASO A LA VISTA

El fiscal Melara aseguró que uno de los primeros casos en los que el Ministerio Público solicitará la asistencia de la Cicies es en la investigación relaciona con la construcción irregular de la represa El Chaparral.

Melar dijo a El Diario de Hoy que "uno de los casos en los que sí vamos a pedir la asistencia de la Cicies es en las investigaciones que llevamos de El Chaparral y otros".

El 4 de enero de 2019, la Fiscalía salvadoreña acusó al expresidente Mauricio Funes (2009-2014) ante una corte por el supuesto manejo irregular de 108,5 millones de dólares de la construcción de la represa.

La lucha contra la corrupción en El Salvador fue impulsada en los últimos años por el trabajo de la Sección de la Probidad de la Corte Suprema, cuyas investigaciones administrativas derivaron en procesos civiles y estos en causas penales.