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22 de Sep de 2020

América

Divulgan las fortunas de exmandatarios paraguayos en un hito de transparencia

La declaración jurada de bienes de los funcionarios fueron liberados a partir de este miércoles por la Contraloría General de la República

Horacio Carte, Paraguay
Horacio Carte, presidente de ParaguayEfe

Aviones, haciendas y conglomerados de empresas forman el universo de las declaraciones juradas de bienes de entre 1998 y 2017 de algunos expresidentes de Paraguay, a las que la ciudadanía tiene acceso desde este miércoles a través de la página de la Contraloría General de la República (CGR).

La CGR difundió esas declaraciones y de unos 2,000 altos funcionarios públicos en ese periodo, en un proceso considerado un hito en la transparencia de la información pública.

Las declaraciones de Horacio Cartes o del actual mandatario, el otrora senador Mario Abdo Benítez, ambos del gobernante Partido Colorado, estuvieron entre las más consultadas por los medios, si bien el primero ya era conocido antes de alcanzar la Presidencia por tener una de las mayores fortunas del país y el segundo por proceder de una adinerada familia.

Cartes (2013-2018) declaró un patrimonio neto de 242.446.999 dólares distribuido en cinco aviones, un helicóptero, así como acciones de empresas ganaderas, financieras y tabaqueras, entre otras, según el portal de la CGR.

En julio de 2014, consignó más de una decena de cuentas bancarias en el sistema local, en su mayoría en el banco de su propiedad, dos en Estados Unidos y una en Islas Vírgenes, además de dividendos a cobrar por 73,345,921 dólares, incluido los de Libertad, equipo de la primera división que presidía.

De acuerdo con algunos medios locales, en esa declaración de Cartes no se incluyen las inversiones de su grupo empresarial estando en el poder, en medios de comunicación y varios hoteles.

Otro gobernante cuya declaración de bienes fue abierta por la CGR es el empresario Juan Carlos Wasmosy (1993-1998), también del Partido Colorado y que finalizó su mandato declarando bienes por 8,979,176 dólares, en promedio de cambio de esa época.

Wasmosy registró entonces ante el organismo de control una treintena de inmuebles en la capital y áreas rurales del país, donde la explotación ganadera es una de las actividades de su grupo, que incluye además empresas viales y metalúrgicas.

Las empresas del grupo Wasmosy participaron en la construcción de la represa paraguaya brasileña de Itaipú, en la actualidad la mayor del mundo en generación de energía, así como de grandes proyectos de carretera nacionales.

Por su parte, el expresidente Nicanor Duarte (2003-2008) dio fe de un patrimonio de 1,158,723 dólares, al cambio actual, en febrero de 2016, luego de dejar la embajada paraguaya en Buenos Aires, donde estuvo desde los inicios del Gobierno de Cartes.

Duarte es propietario de un total 19 inmuebles en el país, varios vehículos y un departamento en la capital argentina, además de siete cuentas bancarias, dos de ellas en Argentina, según esos datos.

Su sucesor, el exobispo católico Fernando Lugo (2008-2012), declaró a su llegada a la Presidencia bienes por valor 175,741 dólares, suma que ascendió a 287,660 dólares antes de asumir en 2018 un escaño en el Senado por el izquierdista Frente Guasu, tercera fuerza del país.

En cuanto a Abdo Benítez, figura como declarante en julio de 2016 de un inmueble en el centro de Asunción y cuatro cuentas bancarias, una en Estados Unidos, valorado en conjunto por 1,097,783 dólares.

Abdo Benítez, hijo del ex secretario privado del mismo nombre del dictador Alfredo Stroessner (1954-89), fue legislador antes de ser jefe de Estado, cargo en el que permanecerá hasta agosto de 2023.

Mientras, el vicepresidente del país y extitular de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, acumulaba en julio de 2017 un total 988,996 dólares frente a los 116,111 dólares de su primer historial, que se remonta a 2001 cuando era fiscal.

La declaración jurada de bienes de los funcionarios fueron liberados a partir de este miércoles por la CGR, en cumplimiento de una resolución de la Corte Suprema de Justicia tras una serie de acciones judiciales emprendidas por organizaciones ciudadanas y medios de prensa.