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18 de Sep de 2020

América

EE.UU. seguirá presionando a Nicaragua hasta que se garanticen elecciones libres

El Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones económicas a otro hijo del presidente de Nicaragua, Juan Carlos Ortega Murillo

Daniel Ortega
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.EFE

Estados Unidos seguirá presionando al Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega hasta que garantice elecciones "libres y justas", pongan fin a la "represión" contra opositores y libere a los "presos políticos", afirmó este miércoles el director adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Jon Piechowski.

"Estados Unidos empleará las herramientas económicas y diplomáticas a nuestro alcance para ayudar al pueblo nicaragüense a restablecer la democracia en su país", señaló el diplomático en una teleconferencia con periodistas en Managua.

Aseguró que las sanciones económicas "contra el círculo interno corrupto del presidente Ortega y la vicepresidenta (Rosario) Murillo" seguirán hasta que el Estado nicaragüense implemente "las acciones y reformas necesarias" que culminen con la celebración de unas elecciones libres y justas.

"Solo cuando los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos y puedan elegir a sus líderes mediante elecciones libres y justas, podrán abordar los desafíos que tienen por delante, como asegurar la prosperidad, el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad", anotó.

EEUU TRABAJA CON LA OEA

Piechowski aseguró que están trabajando con la Organización de Estados Americanos (OEA) y "socios internacionales en apoyo a las reformas electorales necesarias para que hayan elecciones libres y justas" en noviembre de 2021 en Nicaragua.

"Nicaragua no puede llevar a cabo elecciones libres y justas mientras se acosen y se detengan a periodistas y manifestantes pacíficos", afirmó.

Tampoco puede celebrar unos comicios mientras haya más de 80 "presos políticos" y el presidente Ortega ignore las propuestas planteadas por distintos sectores sobre unas reformas completas en materia electoral, indicó.

"Estados Unidos también insistirá en que rindan cuentas quienes cometieron violaciones a los derechos humanos contra manifestantes pacíficos desde abril de 2018", continuó.

Dijo que Washington espera una reforma electoral seria y que sea aceptada por los diferentes actores democráticos nicaragüenses.

Y agregó que la oposición nicaragüense tiene que "trabajar para la meta que todos comparten: reforma electoral, fin de la represión, la salida de todos los presos políticos, y todo lo que tiene que pasar para que haya elecciones libres y justas".

AISLARÁN A NICARAGUA

El funcionario adelantó que EE.UU. seguirá "aislando al régimen de Ortega y Murillo", incluido en el campo diplomático, para lo cual están trabajando "con los demás democracias de América Latina y el Caribe, y de Europa".

El viernes pasado, el Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones económicas a otro hijo del presidente de Nicaragua, Juan Carlos Ortega Murillo, y a dos compañías nicaragüenses usadas para el lavado de dinero, en una nueva muestra de presión a Managua.

Juan Carlos Ortega Murillo es el director de Difuso Comunicaciones, empresa que realiza las campañas electorales del presidente nicaragüense.

Asimismo, el Tesoro sancionó a la compañía Mundo Digital y a su propietario, José Mojica Mejía, un estrecho colaborador de la familia Ortega y al que considera responsable de varias operaciones de lavado de dinero para el enriquecimiento del presidente y su entorno.

La Administración del presidente Donald Trump ha aumentado la presión sobre el Gobierno de Nicaragua con sucesivas rondas de sanciones, entre ellas a la esposa de Ortega, Rosario Murillo, otros hijos de la pareja, Rafael y Laureano Ortega Murillo, y diversos altos cargos.

En Nicaragua estallaron el 18 de abril de 2018 unas manifestaciones contra unas reformas de la Seguridad Social que se tornaron en una protesta contra Ortega, que dejó 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Organizaciones locales de derechos humanos elevan esa cifra a 684, mientras que el Gobierno reconoce 200 fallecidos y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.