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22 de May de 2022

América

El Gobierno boliviano instala una comisión por feminicidios sin las familias de las víctimas

A las afueras de la sede del Gobierno un grupo de familiares de víctimas de feminicidio y otras organizaciones de defensa de la mujer protestaban para exigir su participación en la reunión convocada por el Gobierno

La Paz
Familiares de víctimas de feminicidio y otras organizaciones de defensa de la mujer protestan afuera de la Casa Grande del Pueblo en La Paz.EFE

El Gobierno de Bolivia dio este viernes inicio a la primera reunión de la comisión que revisará los casos de feminicidios en el que los sentenciados hayan sido liberados, cita que no contó con la participación de colectivos y familiares de las víctimas que exigieron ser escuchados ante esa nueva instancia.

La reunión la encabezan la ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada; la magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional Karem Gallardo y la senadora oficialista Virginia Velasco.

También participan los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo; de Justicia, Iván Lima; el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, y el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, entre otros.

Esta instancia prevé analizar y revisar las sentencias condenatorias ejecutoriadas desde 2013 y la comisión tiene un plazo de 120 días para presentar resultados, según una publicación en las redes del Ministerio de la Presidencia.

Durante la reunión cerrada se destacó en un video que este 2022 fue declarado el año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, que tiene la finalidad de establecer soluciones estructurales para detener los persistentes casos de violencia contra las mujeres en Bolivia.

La ministra Prada fue la encargada de convocar a distintas carteras de Estado junto a distintas organizaciones sociales, civiles y familiares de las víctimas a esta primera reunión para tratar un flagelo que ubica a Bolivia como uno de los países más violentos para las mujeres.

El martes pasado el Gobierno de Bolivia anunció la creación de comisión para revisar los casos de feminicidios en el que los sentenciados hayan sido liberados, un día después de una masiva marcha de mujeres exigiendo justicia contra la violencia machista tras un caso que causó indignación en el país.

EXIGEN PARTICIPACIÓN

A las afueras de la sede del Gobierno un grupo de familiares de víctimas de feminicidio y otras organizaciones de defensa de la mujer protestaban para exigir su participación en la reunión convocada por el Gobierno.

Las familias de varias de las víctimas y otras organizaciones querían exponer la situación del acceso a la justicia y ser parte activa de las determinaciones del Gobierno.

Es así que el colectivo "Mujeres Creando" se está reuniendo por su parte con grupos de víctimas y familiares para tomar determinaciones ante esta situación.

"Han hecho una invitación para reunirse con familiares de feminicidios y queremos ser escuchados como colectivo de Mujeres de Fuego hemos venido desde Cochabamba con las familias y queremos estar en la reunión", dijo a Efe Carola Ortíz, vicepresidenta del colectivo Mujeres de Fuego.

Además recalcó que es necesario que la corrupción en la justicia boliviana comienza desde los "investigadores y llegan a fiscales y jueces", por lo que es necesario que escuchen sus testimonios.

Hace unos días se registró el polémico caso de Richard Choque Flores, un feminicida liberado a pesar de tener una condena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto y en cuya casa se encontraron al menos dos cadáveres de mujeres y en otro terreno el cuerpo de un hombre, quien era su familiar.

El hombre tenía una sentencia ejecutoriada en 2013 pero fue liberado en 2019 por el juez Rafael A. bajo el argumento de que el hombre padecía una enfermedad incurable.

Hasta ahora se cuantifican al menos 77 víctimas de abusos y extorsiones de Choque Flores.

En 2021 se registraron 108 feminicidios en Bolivia, uno de los países más violentos para las mujeres, y precisamente una de las constantes quejas de colectivos y familiares de víctimas es la tardanza en la aplicación de la justicia a los agresores y la corrupción en el sistema judicial.