Reducción de municipios en El Salvador, 'necesaria,' pero 'acelerada'

La idea de reorganizar la división político-administrativa de El Salvador no es nueva. “Siempre han existido fallas en la división territorial de nuestro país y ya se ha planteado la necesidad de reestructurarla”, asegura el diputado salvadoreño Jaime Guevara, del partido opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en entrevista con La Estrella de Panamá.

Que un país cuya superficie es levemente mayor a los 21.000 km cuadrados, tenga 262 alcaldías, es visto por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, como algo “sin sentido”. “¿Cómo es posible que en un país tan pequeño tengamos 262 municipios?”, cuestionó el mandatario, durante la presentación del ahora Decreto N° 762, que disminuye el número de municipios a 44, como medida para “reducir la carga presupuestaria que se le designa a las alcaldías, hacer una distribución más equitativa de los impuestos y hacer que el dinero que se iba en planillas, pase a ser utilizado en obras públicas”, aseguró Bukele.

Para tener una idea, Panamá, que cuenta con una superficie (75.517 km cuadrados), tres veces más grande que El Salvador (21.041 km cuadrados), tiene 81 municipios.

Aunque, en esencia, la propuesta de la reducción de los municipios no es vista por la posición como negativa, el problema para Guevara surge en el poco tiempo de debate que se designó para la iniciativa, que fue presentada el 2 de junio y el miércoles 14 de junio se consolidó como ley de la República.

Con 66 votos a favor y 15 en contra, la nación centroamericana aprobó la disminución de las alcaldías, sin pasar por un debate profundo de las implicaciones que podría traer consigo. “Debieron haber consultado con los diferentes liderazgos comunitarios que componen el país”, considera Guevara, quien piensa que la falta de diálogo disminuye la “credibilidad” del decreto.

El artículo 5 del recién aprobado decreto establece que solo 31 municipios de El Salvador cuentan con más de 20.000 habitantes, algo que es fundamental para tener un centro poblacional que justifique la formación de un municipio. El problema, según el diputado opositor, es que se basaron en los datos demográficos del Censo de 2007, esto hace inviable conocer cuál es la realidad poblacional del país en la actualidad, según Guevara.

“No hicieron estudios técnicos para determinar el nivel socioeconómico ni la realidad demográfica de cada alcaldía, para saber que había que reducirlas a 44”, asegura el funcionario.

Según Guevara, para que un proyecto de esta magnitud sea aprobado, era necesario desarrollar un diálogo con todos los sectores de la población salvadoreña, algo que pudo haberse extendido por dos o tres años, para garantizar que todos los ciudadanos hayan |sido tomados en cuenta. “¿Saben lo que significa hacer una nueva división territorial en todo el país, sin hacer consultas ciudadanas? Es una violación a la Constitución de El Salvador”, asegura el político opositor.

Aunque el artículo 19 del Código Municipal de El Salvador le da la potestad al Legislativo de “crear, fusionar o incorporar municipios”, la reorganización municipal planteada por el Ejecutivo “no está contemplando las afectaciones que se tendrán en temas administrativos, culturales y sociales”, considera el diputado.

Esta postura no es compartida por la parlamentaria oficialista Dania González, quien aseguró durante el breve debate de la propuesta que “la reorganización municipal no tendrá cambios en la identidad cultural de los territorios porque se respetarán las costumbres y las tradiciones. Además, los trámites administrativos se seguirán haciendo en el mismo lugar”.

Según González, “la Comisión Política se encargó de estudiar la ley ampliamente, a fin de tener un cuerpo normativo eficiente. Recibieron a diferentes instituciones y alcaldes para revisar cada detalle. Todo se realizó con el proceso debido, de cara a la población”.

Sobre este último punto, Guevara, quien forma parte de la Comisión Política, dijo que: “hicieron un espectáculo, para que la población viera que se estaba discutiendo, pero solo tocaron algunos detalles de ley... eso fue todo”.

En relación con los temas administrativos, el diputado oficialista Felipe Interiano comentó durante el debate de la ley que “la oposición está realizando una campaña de desinformación para confundir, señalando que los trámites se complicarán porque los salvadoreños deberán ir hasta las alcaldías a hacerlos, pero no es así, las oficinas se mantendrán en los distritos”.

El artículo 10 del decreto señala que “el Ministerio de Hacienda asumió el pago de los créditos adquiridos por diferentes alcaldías con instituciones financieras”, una deuda que asciende a $629.000.000, para poder concretar la reducción de las alcaldías.

Este nivel de deuda se debe, según el diputado Interiano, a que “en el pasado, los gobiernos habían instalado un sistema en las alcaldías lleno de corrupción. Lo único que hacían era lucrarse del dinero del Estado. Nunca se preocuparon por ejecutar obras para los salvadoreños”.

En 2020, la fiscalía salvadoreña abrió una investigación a 30 alcaldes y exalcaldes, por supuesto manejo irregular de fondos públicos. A criterio del funcionario, la reducción de los municipios contribuye a facilitar la fiscalización y transparencia de las alcaldías.

Aun así, el opositor Guevara piensa que esta medida va a terminar “debilitando los gobiernos locales”, pues el Ejecutivo tomó la decisión de reducir el porcentaje de recursos que destinaba a los municipios y los concentró en un solo ente, la Dirección Nacional de Obras Municipales, algo que ha sido un “total fracaso” pues “no se ha invertido ni el 50% de los fondos” que tiene ese nuevo organismo.

Un sondeo de opinión desarrollado por el Instituto Universitario de Opinión Pública, a principios de este año, plantea que 61% de la población encuestada tenía poca o ninguna confianza en las alcaldías locales, entidades que están ocupadas en su mayoría por funcionarios de Nueva Ideas, el partido de Nayib Bukele.

“Hay que separar la figura de Bukele de la labor que están realizando los municipales de su partido, pues la mayoría de ellos no ha dado la cara, solo se amparan en la figura del presidente”, considera Guevara.

Es por esto que el diputado ve en la reducción de las alcaldías una estrategia del oficialismo para cosechar buenos resultados en las elecciones de 2024.

Unos ideales que, según la diputada oficialista González, no son ciertos, pues “la población es la que recibirá todos los beneficios de la ley aprobada”, que entra en vigencia ocho días después de la promulgación del decreto.