La corrupción preocupa más que la inseguridad

KABUL. La corrupción mueve $2,500 millones en Afganistán y es la mayor preocupación para su empobrecida población, que además ve en policías, jueces, fiscales, abogados y políticos a los responsables de su expansión, según denunció ayer la ONU en un estudio.

Para el 59% de los afganos la corrupción es mayor motivo de preocupación que la inseguridad o el desempleo, según un estudio de Naciones Unidas publicado ayer, y para el que se entrevistó a 7,600 personas en 12 provincias afganas.

“Es tiempo de secar la ciénaga de la corrupción en Afganistán, de detener el dinero y la confianza que desaparecen en un enorme agujero negro. La corrupción es el principal impedimento para mejorar la seguridad, el desarrollo y la gobernabilidad de Afganistán”, afirmó el director de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD), Antonio Maria Costa.

El diplomático italiano también advirtió en un comunicado de que esta lacra también está “permitiendo otras formas de delincuencia como el tráfico de drogas y el terrorismo”.

En el reporte, se denuncian las pequeñas corruptelas que forman parte del día a día de la población.

Además, establece que uno de cada dos afganos ha tenido que recurrir a sobornos para acceder a algún servicio público. El soborno promedio es de $160, una cantidad muy elevada si se tiene en cuenta que la renta per cápita anual es de sólo $425. En un 56% de los casos, el soborno es una exigencia directa de los funcionarios o las personas que prestan un servicio.

“El soborno es un impuesto desastroso sobre personas que ya están entre las más pobres del mundo”, explicó Costa.

Los afganos pagan $2,500 millones anuales en sobornos, lo que equivale a una cuarta parte del PIB del país centroasiático y es similar a los ingresos por el tráfico de opio, que movió en 2009 unos $2,800 millones.

Precisamente quienes deberían ser los guardianes de la ley, como policías, abogados, jueces, fiscales y políticos, son los principales responsables de las corruptelas, según la ONU.

Uno de cada cuatro preguntados confesó haber pagado un soborno a un policía, y entre un 10 y un 20% afirmó haberlo hecho a jueces, fiscales o a miembros del Gobierno.

En la mayoría de los casos se decidió el pago como forma de “agilizar” procesos administrativos. Y en el 40% de las ocasiones que un ciudadano se encuentra con un político, éste exige una “contrapartida” por su mediación.

El informe indica que incluso se prestan de forma intencionada malos servicios y los procesos administrativos se hacen más largos para obtener una mayor tajada.

Esta situación contrasta con la impunidad en este tipo de delitos, ya que sólo un 9% de la población urbana decidió tratar de denunciar los sobornos que les exigían.

“Las drogas y los sobornos son los dos mayores generadores de ingresos en Afganistán: juntos corresponden a aproximadamente la mitad del PIB lícito del país”, aseguró el Antonio María Costa.

“Insto al nuevo gobierno afgano a hacer de la lucha contra la corrupción su mayor prioridad, y a la comunidad internacional a que utilice la Conferencia de Londres para establecer parámetros claros, basados en la Convención contra la Corrupción”, recalcó.

El director de la ONUDD, Antonio M. Costa, exige mayor transparencia y un organismo de lucha contra la corrupción en Afganistán realmente independiente, así como acciones contra los funcionarios corruptos.

La ONU advierte de que “la falta de confianza en la capacidad de las instituciones públicas para facilitar servicios está causando que los afganos miren a otros proveedores de seguridad y bienestar, incluidos elementos antigubernamentales”.