Nacionalistas catalanes no se rinden ante Madrid

Los partidos favorables a la consulta independentista en Cataluña, reunidos con el presidente regional Artur Mas, acordaron ayer mantener la convocatoria pese a su suspensión por el Tribunal Constitucional español, al tiempo que en Madrid, el gobierno del presidente Mariano Rajoy anunciaba un nuevo recurso judicial.

‘Se ha acordado lo siguiente: mantener la convocatoria con la voluntad de que la ciudadanía pueda participar y ejercer su derecho a voto el 9 de noviembre’, anunció el portavoz Francesc Homs.

Horas antes, el gobierno catalán había oficializado la creación de una ‘comisión de control’, similar a una junta electoral, encargada de supervisar la consulta, en un desafío más a la prohibición temporal decidida por la justicia.

A diferencia del gobierno británico, que el 18 de septiembre permitió votar a los escoceses en un referéndum en que ganó el ‘no’, el ejecutivo español de Rajoy se opone férreamente a la consulta catalana por considerar que vulnera la soberanía nacional y recurrió su convocatoria ante el Tribunal Constitucional.

Toda acción de preparación del plebiscito quedó temporalmente prohibida hasta que el alto tribunal se decida sobre su eventual anticonstitucionalidad. Por ese motivo, el ejecutivo de Rajoy también impugnará ante el Tribunal Constitucional la creación de la junta electoral, que denunció como un ‘incumplimiento’ de la ley, anunció su número dos y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría.

PISANDO LA ILEGALIDAD

Nacionalista moderado en sus inicios, Mas pareció acatar la decisión judicial a principios de semana, congelando la campaña institucional de este referéndum consultivo.

Esta medida levantó discrepancias en el bloque proconsulta, especialmente en Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), independentistas genuinos convertidos en segunda fuerza regional, que reclamó reanudarla inmediatamente dado el poco margen de tiempo hasta el 9 de noviembre.

Antes de empezar la reunión con sus incómodos aliados, el gobierno catalán respondía a estas críticas con la publicación oficial del decreto firmado por Mas para crear la comisión de control, un paso que podría arrastrar a España a la mayor crisis institucional de las últimas décadas. ’Ya se ha entrado en el terreno de la ilegalidad’, comentó a la AFP Antonio Torres del Moral, catedrático de derecho constitucional de la UNED, para quien esta firma constituye ‘un delito de sedición, quizá en un grado mínimo por las motivaciones políticas que se pueden entender como siendo atenuantes, pero sedición’.

Javier Pérez Royo, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla, sin embargo, discrepó: ‘Esto es muy vidrioso y se puede interpretar en diferentes sentidos. El derecho permite jugar con las palabras’, adviertió.

Rebeldes ante un tribunal que en 2010 privó a Cataluña de su estatus de ‘nación’, ERC y las influyentes asociaciones independentistas civiles, que el martes movilizaron a miles de personas en contra de la sentencia, pueden presionar para ir más allá. Sucumbir a estas presiones podría fracturar el partido de Mas, la coalición CiU, donde algunos han abierto la puerta a retrasar la votación si no se puede hacer legalmente.

‘Si pese a hacer todo lo posible por nuestra parte, no se pudiera, se deberá votar otro día’, escribió Josep Antoni Duran i Lleida, líder del bando más moderado de la coalición.