La Fiscalía de El Salvador investiga acusaciones de corrupción en el Congreso

El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, dijo este lunes que ordenó investigar una serie de acusaciones de corrupción en la Asamblea Legislativa de ese país atribuidas al Partido de Concertación Nacional (PCN, derecha).

Melara señaló en una rueda de prensa que dicha investigación se abrió por una serie de señalamientos hechos desde una cuenta de Twitter que supuestamente pertenece a la exdiputada del PCN Cristina López.

"Este día se abre una investigación" y "lo que procede en primer lugar es determinar la veracidad de la cuenta (de Twitter)" para "ahondar y determinar si efectivamente es cierto lo que se manifiesta o no", sostuvo el jefe del Ministerio Público salvadoreño.

López, reconocida exatleta de la disciplina de marcha en El Salvador, fue señalada por un periódico local de supuestamente recibir 2.000 dólares mensuales del Congreso durante 8 meses por un cargo de "colaboradora administrativa", pese a que vive en Estados Unidos.

Reportes de la prensa local señalan que dirigentes y diputados de dicho partido aceptaron la irregularidad.

En la cuenta atribuida a López se señaló que ella no es "la única que recibió salario sin llegar" al Órgano Legislativo y se mencionó a un coronel, tres exdiputados y una excandidata que se encuentra asilada en Estados Unidos.

Apuntó que el PCN recibió dinero del Gobierno, sin detallar períodos, mediante fundaciones "para realizar actos proselitistas".

El fiscal Melara añadió que es necesario contactar a López, quien supuestamente migró a Estados Unidos por seguridad, para que "ratifique todos los hechos".

"Ella hace una serie de aseveraciones que deben de ser probadas dentro de la investigación", concluyó Melara.

El PCN posee actualmente 9 de los 84 diputados del Congreso y uno de sus miembros es el presidente de dicho órgano de Estado.

El actual PCN surgió tras la cancelación del Partido de Conciliación Nacional, que utilizaba las mismas siglas y emblemas similares, en 2011.

La Sala de lo Constitucional de la Cortes Suprema de Justicia (CSJ) respaldó una resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de eliminar a este instituto político y al Partido Demócrata Cristiano (PDC) por no haber alcanzado el 3 % mínimo de los votos en las elecciones de 2004.

En 2012, la Sala de lo Contencioso Administrativo resolvió que la forma en la que los magistrados del TSE aprobaron la anulación de estos partidos fue ilegal y ordenó que fueran inscritos nuevamente.

El PCN, que gobernó el país centroamericano bajo una dictadura militar entre 1962 y 1979, decidió mantener el nombre y emblemas.