La vacuna contra el Covid-19, una carrera de dinero y poder político

El brote del nuevo coronavirus (Covid-19) domina hoy la vida política, económica y social de millones de personas en más de 210 países, una inusitada pandemia que mantiene paralizado al mundo y que espera, en la creación de una vacuna, la salida a la crisis sanitaria más grave de los últimos 100 años.

Si bien gran parte de la comunidad científica internacional, tanto en el sector público como en el privado, está comprometida con alcanzar una vacuna para mitigar las consecuencias del caos desatado por el Covid-19, esta misión no está exenta de las disputas entre potencias ni el interés de las corporaciones farmacéuticas por hacerse con el control del ansiado tratamiento.

Según informó esta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay al menos unos 70 proyectos de vacunas o antivirales que se están desarrollando en estos momentos, con China y Estados Unidos a la cabeza de las investigaciones.

Del lado estadounidense estarían las compañías farmacéuticas Moderna Inc. con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, en inglés), mientras que los chinos trabajan con la empresa hongkonesa CanSino Biologics en conjunto con el Instituto Biotecnológico de Beijing, estos últimos ya en fase de ensayos clínicos con humanos.

Pero no son los únicos, hay centros de investigación o empresas en Alemania (CureVac), Rusia (Centro de Biotecnologías Vektor), Francia (Sanofi), Reino Unido (Oxford University y AstraZeneca), incluso megacorporaciones como la estadounidense Pfizer están en esta carrera desenfrenada por ser el primero en conseguirla.

Si bien es alentador que diversos laboratorios investiguen de manera múltiple y simultánea un tratamiento, ya hay voces que alertan de que los resultados podrían verse envueltos en tramas políticas y presiones que giran alrededor del gigantesco negocio de la comercialización de la medicina.

Al respecto, Achal Prabhala y Ellen 't Hoen, ambos investigadores y activistas por un acceso democrático a los servicios sanitarios, apuntan que la lucha por las patentes de una vacuna contra el Covid-19 podría “enterrar” el derecho de algunos países –principalmente los más pobres– a obtener el tratamiento rápido, lo que dejaría a millones de personas a merced del virus.

“Existen muchas posibilidad de que una vacuna para el Covid-19 le sea impuesta múltiples patentes. Las vacunas son ahora un gran negocio”, denunciaron Prabhala y 't Hoen en un publicación del diario The Guardian.

Ambos explican que algo parecido ocurrió con la pandemia del VIH/Sida que apareció a mediados de los años 80. Luego de años de investigación, para 1996 fue lanzado al mercado estadounidense un tratamiento que rondaba los $8,000 dólares por persona, lo que de salida se convirtió en una sentencia de muerte para quien no pudiera pagarlo. Ese elevado costo retrasó la llegada del retroviral a Sudáfrica e India por casi ocho años; no fue hasta 2004 que empezó a distribuirse de manera apropiada, lo que empujó a la muerte a millones de personas que no pudieron obtener el tratamiento durante todo ese tiempo.

Aunque la mayoría de los países, organismos regionales y la ONU han recalcado que solo con solidaridad se superará la pandemia, los primeros tres meses de crisis han evidenciado que la cuestión no será nada fácil al primar la lógica de mercado y una especie de “ley de la selva” internacional.

Un anticipo de las tensiones que podría generar el monopolio de estas empresas y gobiernos, es la lucha despiadada entre Estados por el control de respiradores, kit de pruebas y mascarillas.

Fue precisamente cuando la situación se complicaba en Estados Unidos y se volvió crítica en Europa que el acaparamiento, sobrecostos y hasta virtuales actos de “piratería” en pleno siglo XXI, se volvieron “normales” en medio de la pandemia.

A principios de marzo, Francia requisó de manera unilateral un lote de mascarillas de fabricación sueca que tenían como destino España e Italia –unos de los países más golpeados por el virus–, solo por estar de paso en territorio galo. Tras agrias tensiones, reportes del diario L'Express indicaron que los insumos lograron llegar a los dos países, no sin que París se quedara con una parte de las mascarillas.

Algo parecido ocurrió con República Checa que requisó mascarillas chinas que tenían destino Italia, igual la desaparición de 6 millones de estos insumos en Kenia, que debían terminar en Alemania. De hecho, este mismo país incluso llegó a acusar a Washington de piratería por un confuso incidente en el que se confiscaron mascarillas en Tailandia. Algo similar hizo Turquía a España con un cargamento de respiradores.

“Un presidente (regional) nos explicó que su pedido de mascarillas fue robado del propio aeropuerto (en China) por los estadounidenses, que pagaron tres veces el precio en efectivo”, denunciaba a AFP, Renaud Muselier, presidente de la región francesa Provence Alpes Cote d'Azu.

Esta situación coincide con la orden del presidente Donald Trump, de prohibir la exportación de insumos médicos fuera de EEUU, especialmente a América Latina y Canadá. Otros países productores de material sanitario como India han tomado medidas análogas.

La “guerra de las mascarillas” ya ni siquiera es entre países, sino también a lo interno de los países, luego de que el gobernador de Nueva York, Andrew Couomo, denunciara cómo las subastas de Ebay –por respiradores– se habían convertido en una lucha despiadada donde el mayor postor era el ganador de las máquinas.

En este baile de millones y presiones políticas, los Estados latinoamericanos parecieran estar a la cola de la disputa de insumos como de una posible vacuna, que podría estar lista en no menos de 12 a 18 meses, como mínimo.

Ya gobiernos como el de Perú o Costa Rica admitieron tener dificultades para conseguir insumos en el extranjero y el temor de que otras naciones les quiten el material luego de comprado.

“Es, de verdad, desalentador para los que hacemos salud pública, especialmente los países periféricos al centro del capitalismo mundial, sufrir de un mercado que no tiene mecanismos de regulación en condiciones como estas”, subrayó a la BBC el ministro de Salud peruano, Víctor Zamora.

Al mismo medio británico, el director de la Caja del Seguro Social de Costa Rica, Ramón Macaya, fue más claro: “tenemos que meternos en una mentalidad de que nosotros estamos solos”.

Fue precisamente Costa Rica la que presentó el pasado 24 de marzo una propuesta a la OMS para que se facilite el acceso y uso de propiedad intelectual y tecnologías –que incluiría medicamentos y vacunas– para combatir el Covid-19. Estos serían de uso libre o al menos asequible para todos.

Otra iniciativa en esa vía es la de Medicines Patent Pool y la Unitaid, que busca incluir medicinas y diagnósticos del nuevo coronavirus en fondo colectivos de licencias y patentes que garanticen acceso para la mayoría.

La OMS también está respaldando la investigación “Solidarity” donde trabajan unos 80 países haciendo ensayos con antivirales como remdesivi (contra el ébola), lopinavir y ritonavir (VIH), el interferon beta (para la esclerosis múltiple) o la chloroquina (malaria y reumantismo).

Son pasos importantes, pero cuyo éxito dependerá del trabajo mancomunado de los países para salir de la crisis sorteando lo mejor posible los monopolios farmacéuticos e intereses geopolíticos, especialmente de China y EEUU.

Está claro que las naciones en vías de desarrollo, como Panamá, deberán tener una estrategia clara y firme para no quedar atrapados en esa carrera de dinero y poder en medio de la pandemia.