Alias ‘El Costeño’ rechaza cargos por atentado contra Miguel Uribe Turbay

La justicia colombiana legalizó en las últimas horas la detención de Elder Arteaga, alias “El Costeño”, señalado como el principal responsable del atentado que dejó gravemente herido al senador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La noticia fue dada a conocer por el diario colombiano El Tiempo, que tuvo acceso a detalles exclusivos del caso a través de su Unidad Investigativa.

La audiencia de imputación se realizó un día después de su detención, tras una intensa operación que culminó en el sector El Muelle, en la localidad de Engativá, Bogotá. El hombre de 40 años, originario de San José de Apartadó, fue acusado formalmente de cuatro delitos agravados: tentativa de homicidio, tráfico y porte ilegal de armas, uso de menores para cometer actos criminales y concierto para delinquir. Arteaga no aceptó los cargos y se encuentra bajo custodia mientras se define su medida de aseguramiento.

Según la Fiscalía, “El Costeño” tuvo una participación central en la planeación del crimen. Se le atribuye la coordinación del transporte hacia el parque El Golfito, en el barrio Modelia, donde ocurrió el ataque, así como la entrega de la pistola Glock calibre 9 milímetros al joven sicario de 15 años que accionó el arma.

De acuerdo con las investigaciones reveladas por El Tiempo, Arteaga lideraba el organigrama de la red responsable del atentado. Entre los demás implicados están alias “Gabriela”, quien habría trasladado el arma; “El Hermano”, encargado de la logística del operativo; y “El Veneco”, conductor del vehículo Spark gris utilizado como base móvil. En ese auto, el adolescente se cambió de ropa antes de recibir el arma con la que atentó contra el senador.

Las autoridades siguen tras la pista de otros implicados, tanto ejecutores como determinadores del ataque. La Policía Nacional y organismos de inteligencia investigan posibles nexos con grupos armados ilegales que operan en el suroriente del país, específicamente en Caquetá, donde fue capturada “Gabriela”. Durante su interrogatorio, ella admitió haber buscado protección en “la guerrilla”, lo que abre líneas de investigación sobre el posible involucramiento de disidencias de las FARC, como las estructuras de ‘Iván Mordisco’, ‘Calarcá’ o la llamada Segunda Marquetalia, dirigida por Iván Márquez.

Uno de los aspectos más alarmantes revelados por El Tiempo es el uso deliberado de un menor de edad para ejecutar el atentado. Según el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, alias “El Costeño” habría recibido hasta mil millones de pesos por planificar el crimen y manipular al adolescente, al que le entregó el arma ya cargada. Además, habría ordenado eliminar a uno de sus cómplices tras el hecho para borrar rastros.

“Planeó la fachada, los movimientos y hasta ordenó silenciar a uno de sus cómplices tras el hecho”, afirmó Sánchez en declaraciones citadas por El Tiempo.

Arteaga figuraba entre los delincuentes más buscados del país. Sobre él pesaba una circular roja de Interpol que extendía su búsqueda a más de 190 naciones, y el gobierno colombiano ofrecía una recompensa de 300 millones de pesos. Fue una llamada anónima la que permitió su ubicación. El informante, según fuentes consultadas por El Tiempo, recibirá parte de ese monto.

En la audiencia preliminar, la Fiscalía reveló que alias “El Costeño” podría acogerse a un esquema de protección a cambio de colaborar con las autoridades y delatar a otros implicados. Esta alternativa ya fue aceptada por el menor que ejecutó el disparo y al menos otros dos detenidos.

Sin embargo, su disposición a colaborar sigue siendo incierta. La gravedad de los cargos que enfrenta, sumada a su historial delictivo de más de dos décadas, convierten su testimonio en una pieza clave para desentrañar la totalidad de la red criminal detrás del atentado.

Mientras tanto, el senador Miguel Uribe Turbay permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Fundación Santa Fe, en Bogotá, con pronóstico reservado. Su equipo de prensa ha informado que se mantiene estable dentro de su condición crítica, aunque aún no hay una fecha estimada para su traslado fuera de UCI.

El caso ha sacudido a la opinión pública colombiana y ha reavivado los debates sobre el uso de menores en estructuras criminales, el poder de los grupos armados en regiones como Caquetá, y los niveles de impunidad con los que operan estructuras ilegales con capacidad de atentar contra figuras de alto perfil político.

Las autoridades han prometido llegar hasta el fondo. El Tiempo ha confirmado que la Fiscalía prepara nuevas órdenes de captura y ampliaciones del expediente, mientras los investigadores buscan determinar con claridad quiénes ordenaron el ataque y cuál era el objetivo final de la organización.