Abelardo de la Espriella anuncia el cierre de oficinas clave del proceso de paz en Colombia y desata alarma institucional

A menos de un mes de asumir la Presidencia, Abelardo de la Espriella sacudió el panorama político colombiano al anunciar que eliminará varias dependencias encargadas de impulsar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y las reemplazará por un Comisionado Nacional para la Seguridad. La medida, prevista para entrar en vigor el próximo 7 de agosto, ha despertado críticas de exfuncionarios, firmantes del acuerdo y expertos, quienes advierten sobre un posible debilitamiento de la institucionalidad creada para consolidar el fin del conflicto armado.

El anuncio llega precisamente cuando Colombia conmemora el décimo aniversario de la firma del histórico pacto con las antiguas FARC, considerado uno de los mayores esfuerzos para poner fin a más de cinco décadas de confrontación armada.

El presidente electo aseguró que su administración desmontará lo que calificó como “mecanismos de impunidad” vinculados al modelo de paz vigente y concentrará esos esfuerzos en una nueva estrategia enfocada en la seguridad.

Entre las entidades que desaparecerían o serían absorbidas por la nueva estructura figuran la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Estas dependencias han desempeñado un papel central en la negociación, ejecución y seguimiento de los compromisos derivados del acuerdo, incluyendo la reincorporación de excombatientes, la atención a las víctimas, la reconciliación y la protección de los derechos humanos.

Las declaraciones del futuro mandatario también provocaron una fuerte reacción entre los firmantes del acuerdo.

Durante un encuentro internacional sobre paz celebrado en Bogotá, Rodrigo Londoño, último comandante de las FARC y firmante del acuerdo de 2016, manifestó que el discurso del nuevo Gobierno incrementa los riesgos para quienes dejaron las armas hace una década.

Las preocupaciones se sustentan en las cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que reporta cerca de 460 excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo. Aunque en numerosos casos las investigaciones apuntan a las disidencias de las antiguas FARC como principales responsables, las autoridades registran que apenas alrededor del 15 % de los desmovilizados ha retomado la actividad armada.

Para diversos sectores, asociar a los firmantes del acuerdo con las disidencias puede aumentar su vulnerabilidad en los territorios.

El expresidente Juan Manuel Santos, artífice del acuerdo de paz y ganador del Premio Nobel de la Paz, pidió públicamente al mandatario electo mantener la implementación del pacto como una política de Estado y no como una iniciativa de un gobierno en particular.

Hasta el momento, De la Espriella no ha presentado un plan detallado sobre cómo funcionará la nueva estructura institucional ni ha explicado cómo garantizará el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano.

Especialistas en derecho constitucional consideran que la propuesta enfrentará importantes desafíos jurídicos.

Uno de ellos es que el Acuerdo de Paz quedó protegido mediante una reforma constitucional aprobada en 2017, la cual obliga al Estado colombiano a cumplir su implementación hasta 2030. En consecuencia, cualquier norma o decisión administrativa que contradiga esos compromisos podría ser objeto de revisión y eventual anulación por parte de la Justicia.

Además, varias instituciones relacionadas con el sistema de justicia transicional, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no dependen del Poder Ejecutivo y fueron creadas mediante reformas constitucionales, por lo que no pueden ser eliminadas mediante un decreto presidencial.

Exfuncionarios que participaron en la implementación del acuerdo sostienen que las entidades cuya desaparición fue anunciada cumplen funciones distintas a las relacionadas con la seguridad pública.

Advierten que su eliminación podría afectar procesos fundamentales como la reincorporación de miles de excombatientes, el cumplimiento de compromisos con las víctimas del conflicto y el desarrollo de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), diseñados para transformar las zonas más golpeadas por la violencia.

La propuesta marca uno de los primeros grandes ejes políticos del próximo Gobierno y anticipa un intenso debate sobre el futuro del proceso de paz, justo cuando Colombia alcanza una década del acuerdo que puso fin a la confrontación con la antigua guerrilla de las FARC.