Libertad de expresión atacada

La pasada semana el Gobierno británico, a través de su policía de fronteras, retuvo durante nueve horas al compañero del periodista del diario The Guardian que reveló los documentos sobre el espionaje masivo de los EEUU. La detención se produjo en aplicación de la legislación antiterrorista pero el detenido sólo fue interrogado por la documentación que Edward Snowden dio a conocer al mundo entero. En la detención le fueron requisados su ordenador y varios pendrive. La misma semana, el gobierno argentino insultaba, a través de la red social Twitter, al periodista Jorge Lanata, después de que éste hiciera graves acusaciones sobre la supuesta relación del Gobierno con un paraíso fiscal. Posteriormente la Casa Rosada denunció que su perfil había sido hackeado y que nunca llamó ‘gordo chanta’ al mencionado periodista. Hace unos meses varios dirigentes del Partido Popular, del Presidente español Mariano Rajoy, se querellaban contra el periódico El País, por publicar una supuesta contabilidad falsa de esa formación política. El documento había sido confeccionado a lo largo de los años por el ex tesorero de la formación, como ha quedado acreditado judicialmente, pero los dirigentes del PP no han retirado la querella. Esta semana varios periodistas de El Siglo han tenido que declarar ante el Tribunal por la publicación de una información denunciando una serie de dudosas contrataciones. A pesar de que dos fiscales han pedido el archivo del caso, la causa aún sigue adelante. El pasado mes de junio una periodista de TVN y su camarógrafo fueron retenidos por unidades del SIP exigiendo la entrega de la cámara y la grabación. De norte a sur y de este a oeste se repiten casos en los que el poder ataca la libertad de expresión de los medios de comunicación y sus periodistas. Naturalmente esa libertad tiene sus límites y no todo vale para cumplir con el deber de información que tienen los medios de comunicación. Pero la cuestión es que en demasiadas ocasiones los ataques se producen cuando los medios se hacen incómodos para la actuación de los gobiernos o denuncian sus prácticas abusivas o corruptas.

Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en una democracia para garantizar el derecho de información de los ciudadanos. Por eso para la salud democrática de un país es fundamental tener medios independientes, con capacidad de informar sobre corrupción, espionaje o irregularidades, sin temor a ser perseguidos al resultar incómodos al Gobierno o al poder de turno.

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