Tribunal en el exilio condena a Nicolás Maduro

El Tribunal Supremo de Venezuela (en el exilio) condenó a 18 años y tres meses de prisión al presidente de ese país, Nicolás Maduro, por los delitos de corrupción y legitimación de capitales, en la trama implementada por la empresa brasileña Norberto Odebrecht, S.A.

La condena, que fue por unanimidad, también ordena a Maduro resarcir a la nación una suma de $35 mil millones y además, deberá pagar una multa de $25 millones, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y el artículo 64 de la Ley Contra la Corrupción.

Maduro también fue inhabilitado para ocupar cualquier cargo público durante el tiempo que dure la condena.

De igual manera, el tribunal libra orden de captura a la Interpol Internacional, así como a las fuerzas armadas nacionales y a todos los cuerpos de seguridad del país, contra Maduro.

La sentencia también ratificó el ‘vacío institucional' que existe constitucionalmente en el poder Ejecutivo en Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la República Bolivariana de Venezuela.

Esto significa que Maduro fue destituido del cargo y debería ser reemplazado de conformidad con los mecanismos previstos en la Constitución de Venezuela, explicó uno de los firmantes de la sentencia, el magistrado José Sabino Zamora, y agregó que esto constituye ‘un reto para los factores políticos e institucionales legítimos' del país sudamericano.

El magistrado ponente en el caso y presidente de la Sala Electoral, Rommel Gil, se refirió a la participación de Maduro en hechos irregulares en la ejecución de más de 15 obras de infraestructura en territorio venezolano.

Según la querella que lo llevó a la condena, Maduro, desde que ejercía como canciller de Venezuela, formaba parte de una amplia e influyente red de corrupción que era respaldada por los gobiernos de Venezuela y Brasil.

El fraude, protagonizado por la empresa Norberto Odebrecht, S.A., incluía sobornos, pago de coimas y tráfico de influencias.

El magistrado indicó que el gobierno hizo pagos recurrentes para la ejecución de obras que jamás fueron ejecutadas o concluidas. Entre los proyectos de infraestructura destacan la línea 5 del metro de Caracas, la línea 2 del metro de Los Teques, parte del puente sobre el río Orinoco, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, entre otras.

Según la información, diversas obras no han sido culminadas y otras jamás se llegaron a ejecutar en el país.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se pronunció sobre la decisión del Tribunal Supremo al indicar que la ‘justicia de Venezuela ya se ha pronunciado sobre la corrupción del dictador. Ahora es responsabilidad de la comunidad internacional recuperar la democracia para hacer efectiva la sentencia'.