Implosión MAGA y la derrota de Trump: ¿qué le espera a América Latina?

Las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos materializaron los peores escenarios para el presidente Donald Trump. Una derrota contundente que operó como un «referéndum» sobre su liderazgo, debilitó al movimiento Make America Great Again (MAGA) y abrió un nuevo escenario de incertidumbre geopolítica para América Latina, que podría convertirse en el terreno donde Trump busque compensar su fracaso interno para reafirmar su fuerza de cara a los comicios presidenciales de 2028.

La implosión MAGA

Estas “midterms” no solo devolvieron a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso, complicando toda la agenda de Trump durante sus últimos dos años de mandato -incluida su política exterior-, sino que también dejaron resultados inesperados hace apenas un par de meses y se tradujeron en victorias de una enorme carga simbólica que evidencian la debacle de MAGA. En Kansas, Adam Hamilton derrotó al senador Roger Marshall, poniendo fin a 94 años sin que un demócrata conquistara un escaño en el Senado: un quiebre histórico en un estado conservador. En Texas, James Talarico venció a Ken Paxton y Gina Hinojosa derrotó a Greg Abbott, erosionando uno de los principales bastiones electorales republicanos y rompiendo más de tres décadas de dominio estatal. En Carolina del Sur, Annie Andrews derrotó a Darline Graham, arrebatando a los republicanos un escaño senatorial en un estado tradicionalmente conservador. En Iowa, Josh Turek venció a Ashley Hinson, en un estado donde los demócratas no ganaban desde 2012, durante la era Obama.

Y es que la catástrofe electoral no solo hizo añicos el tablero político republicano y erosionó a buena parte de los sectores conservadores, sino que también resquebrajó el imaginario MAGA. El supuesto nacionalismo económico y el aislacionismo del “America First” quedaron seriamente comprometidos por una impopular guerra contra Irán, en la que Trump terminó arrastrado por Israel. A menos de un mes de las elecciones, el 65 % de los estadounidenses desaprobaba la guerra, según una encuesta del Pew Research Center, algo que su propio vicepresidente, JD Vance, reconoció posteriormente. Un conflicto que golpeó el bolsillo de los trabajadores estadounidenses, como lo evidencian los propios datos oficiales del Departamento de Trabajo, y erosionó otro de los pilares del trumpismo: el populismo de derecha “antiélite”, cuya retórica chocaba con una realidad en la que los ciudadanos comunes soportaban el costo económico mientras se impulsaban políticas favorables a los grandes intereses corporativos, especialmente de Silicon Valley, el mismo establishment multimillonario que también mantiene vínculos con la cúpula demócrata.

El desgaste no alcanzó únicamente a los blancos de bajos ingresos que inicialmente engrosaron las filas de MAGA desde 2016, desencantados con el elitismo bipartidista, sino también a los latinos que respaldaron masivamente al mandatario en 2024. Entonces, Trump logró, en un caso digno de estudio, capitalizar el voto latino con promesas de mano dura en la frontera y deportaciones de migrantes indocumentados, sin que muchos de sus simpatizantes anticiparan que esas mismas políticas terminarían golpeando a sus propias comunidades mediante redadas. Algo que ayer domingo Trump, tras la derrota, reconoció ante la CBS fue política “demasido dura”

Los aliados de Trump

Los primeros grandes damnificados de la derrota de MAGA fueron los aliados de Trump en América Latina, que lo colocaron como un referente, especialmente los gobiernos y dirigentes de derecha que apostaron por una relación privilegiada con la Casa Blanca, sin reparar en los costos políticos o de soberanía que esa cercanía podía acarrear para sus países.

Un ejemplo es la apuesta del presidente argentino Javier Milei, ferviente trumpista que obtuvo importantes dividendos políticos y económicos de su cercanía con Washington, incluido el salvataje financiero concedido antes de las legislativas de 2025. Sin embargo, de cara a su reelección en 2027, podría no contar con un respaldo similar, mientras el deterioro de las condiciones de vida de los argentinos y las posibles investigaciones del nuevo Congreso sobre esos fondos aumentarían la presión. En Colombia, Abelardo de la Espriella también estrechó vínculos con los republicanos de Florida y el trumpismo; igualmente, espera un paquete de “asistencia de seguridad” de 1.000 millones de dólares prometido por Trump, que podría frenarse con el nuevo Congreso.

Por su parte, Nayib Bukele, en El Salvador, encontró en Trump un aliado estratégico y convirtió a su país en una pieza clave de la política migratoria de la Casa Blanca. Su Gobierno aceptó recibir deportados desde territorio estadounidense y puso a disposición sus cárceles para recluir a migrantes, muchos de ellos sin antecedentes penales e incluso con estatus migratorio regular. Un mayor escrutinio legislativo sobre estos acuerdos y las condiciones de las deportaciones podría complicar su continuidad. Bukele también busca prolongar su permanencia en el poder hasta 2027, mediante un tercer mandato cuestionado por la oposición como inconstitucional, en un contexto de estado de excepción, denuncias de persecución contra opositores y concentración del poder judicial y legislativo.

La lectura de este fenómeno no se limita a los beneficios económicos y financieros que estos gobiernos podrían obtener de una administración Trump; también tiene una dimensión ideológica que atraviesa a las derechas latinoamericanas. Tanto estos mandatarios como otros dirigentes de la región, entre ellos José Antonio Kast, en Chile; Laura Fernández, en Costa Rica; y Keiko Fujimori, en Perú, comparten una agenda conservadora con importantes puntos de convergencia: políticas migratorias restrictivas, discursos de mano dura frente a la disidencia y la protesta social, y reformas económicas orientadas a la reducción del papel del Estado y la expansión de las privatizaciones, con consecuencias directas sobre los derechos sociales.

Geopolítica y dominio militar

El futuro del Escudo de las Américas también plantea interrogantes tras las “midterms”. Presentada bajo el argumento de la cooperación antinarcóticos, esta estrategia se inscribe, en realidad, como una reedición de la lógica de dominación hemisférica de la Doctrina Monroe, reivindicada por el propio Trump. Su debilitamiento político podría ralentizar la expansión de esta iniciativa, pero difícilmente supondría su desmantelamiento. Después de todo, tanto la cúpula demócrata como la republicana comparten el objetivo de preservar y afianzar la supremacía militar estadounidense en América Latina frente a lo que consideran una creciente amenaza de China.

En ese escenario, resulta poco probable que los gobiernos que, sin recurrir a una retórica tan estridente de adhesión al trumpismo, han profundizado sus vínculos militares con Washington modifiquen sustancialmente su alineamiento. Panamá es uno de los casos más evidentes. El Gobierno de José Raúl Mulino suscribió un memorándum de entendimiento con Estados Unidos, cuestionado por constitucionalistas que advierten que abre la puerta a la presencia de instalaciones militares extranjeras y vulnera la soberanía y el Tratado de Neutralidad del Canal, interpretaciones que el Ejecutivo panameño rechaza. El acuerdo coincide con una mayor presencia de efectivos estadounidenses bajo el argumento de realizar “ejercicios conjuntos”, en el marco del discurso de un “control chino” sobre el Canal, algo negado por el propio Gobierno panameño y sobre lo cual la Casa Blanca no ha presentado pruebas.

Una dinámica similar se observa en Honduras, bajo el Gobierno de Nasry Asfura, quien recibió el respaldo directo de Trump durante las elecciones de 2025. Su llegada al poder estuvo marcada, además, por la controversia que suscitó el indulto concedido por el mandatario estadounidense al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos y copartidario de Asfura en el Partido Nacional. En ambos casos, más allá de los cambios en el equilibrio político de Washington, la cooperación militar y estratégica con gobiernos latinoamericanos sigue respondiendo a esos intereses geopolíticos que trascienden la coyuntura electoral estadounidense.

Y es que la proyección del Escudo de las Américas ya había sufrido un revés significativo con la derrota del candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro, quien se refugió en Estados Unidos tras su derrota, se había presentado como uno de los principales exponentes del trumpismo en la región. La victoria de Lula representa un contrapeso de peso: Brasil, como principal economía latinoamericana después de México —también gobernado por la izquierda de Claudia Sheinbaum—, constituye un obstáculo político para las aspiraciones expansionistas de la Casa Blanca en esta nueva coyuntura.

A este escenario se suma la reciente caída del presidente paraguayo, Santiago Peña, destituido en medio de un escándalo por denuncias de fraude bancario y corrupción. Otro dirigente que formaba parte del entramado de aliados regionales de Washington, pero cuya debilidad política interna y las contradicciones de su Gobierno terminaron convirtiéndolo en una pieza vulnerable dentro de ese tablero geopolítico.

Venezuela también ocupa un lugar particularmente frágil en esta disputa. El país está gobernado por los sectores que permanecen del chavismo, bajo la presidencia de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la intervención militar estadounidense de enero pasado, que culminó con la captura del exmandatario Nicolás Maduro. Rodríguez ha mantenido una relación de cooperación con Trump y ha concedido jugosas ventajas en materia petrolera a Washington, mientras enfrenta presiones para convocar nuevas elecciones y la posibilidad de que María Corina Machado emerja como candidata opositora. Aunque ambas dirigentes se encuentran en las antípodas ideológicas, sus respectivos proyectos políticos coinciden en buscar el favor de Washington a cualquier precio. Por ahora, la derrota electoral de Trump no parece alterar sustancialmente el escenario venezolano.

Aunque Trump está ahora más urgido de atender su frente interno, un potencial cerco impuesto por el Congreso podría incentivar la búsqueda de “victorias políticas” en el exterior, una estrategia utilizada por algunos de sus antecesores, como Bill Clinton (demócrata), quien en 1998 bombardeó Sudán y Afganistán en medio del escándalo sexual con Monica Lewinsky; o Richard Nixon (republicano), quien, presionado por el caso Watergate en 1972, intensificó los bombardeos en el Sudeste Asiático.

Sobre esto último, se ha generado expectativa sobre lo que podría ocurrir con Cuba, sobre la cual Trump ha endurecido el bloqueo, empujando a la población a una crisis severa en materia de salud, energía e insumos básicos, según datos de Naciones Unidas. Aunque algunos analistas coinciden en que el mandatario estadounidense podría lanzarse a la búsqueda de un “éxito exterior” en Cuba mediante un cambio de régimen político, la nefasta experiencia con Irán y sus recientes efectos electorales parecen alejar ese escenario, en el que podría perfilarse más bien un camino de mayor estrangulamiento.

Si bien el Congreso puede imponer límites al financiamiento de operaciones militares en el exterior, Trump mantiene a su disposición herramientas de política exterior que no requieren mayorías legislativas, entre ellas la imposición de sanciones dentro del marco legal vigente, la suscripción de acuerdos ejecutivos y el ejercicio de sus facultades en materia comercial y militar.

También, dentro de la imprevisibilidad de una figura tan atípica, la administración podría apelar, en el cierre de su período, a vías de negociación de acuerdos que le permitan exhibir victorias internacionales o intensificar la presión sobre gobiernos mediante aranceles y sanciones. Ambas estrategias pueden complementarse con la amenaza del uso de la fuerza. Así las cosas, América Latina enfrenta este escenario con una enorme desventaja: su fragmentación política y heterogeneidad ideológica, que dificultan una respuesta conjunta y dejan a sus gobiernos más expuestos a las presiones no solo de Estados Unidos, sino también de China y otras potencias, que colocan los intereses de los latinoamericanos como furgón de cola.