Ortega sepulta la democracia en Nicaragua: ‘Aquí no volverán a haber elecciones’

En un discurso cargado de simbolismo durante el 47.º aniversario de la revolución sandinista, el presidente Daniel Ortega anunció que en Nicaragua no se celebrarán más elecciones.

La declaración, realizada ante miles de simpatizantes en la Plaza de la Fe, marca un punto de quiebre en la historia política del país y confirma la consolidación de un régimen sin alternancia democrática.

Ortega, acompañado de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, afirmó que “se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis vuelvan a llegar al gobierno”.

Con estas palabras, el mandatario cerró cualquier posibilidad de competencia electoral, justificando la medida como un mecanismo para “defender la soberanía” frente a lo que considera injerencia extranjera.

La decisión se produce tras la reforma constitucional aprobada en febrero de 2025, que amplió el período presidencial de cinco a seis años, creó la figura de “copresidenta” para Murillo y subordinó los poderes del Estado al Ejecutivo.

En ese momento, las elecciones previstas para noviembre de 2026 fueron pospuestas para 2027. Sin embargo, el anuncio de Ortega elimina incluso esa expectativa, dejando claro que el régimen no contempla procesos electorales en el futuro inmediato.

La oposición, debilitada por años de persecución, reaccionó desde el exilio con fuertes críticas.

Líderes opositores señalaron que el país se encamina hacia una dictadura absoluta y pidieron a la comunidad internacional aumentar la presión diplomática y económica para forzar una transición. “Ortega ha enterrado la democracia en Nicaragua”, expresó la activista Vilma Núñez desde Costa Rica.

Organismos internacionales también manifestaron su preocupación. La Organización de Estados Americanos (OEA) calificó la medida como “un golpe definitivo contra el sistema democrático”, mientras que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recordó que desde las protestas de 2018, la represión estatal ha dejado más de 300 muertos y cientos de opositores encarcelados o despojados de su nacionalidad.

Estados Unidos y la Unión Europea, por su parte, advirtieron que podrían intensificar las sanciones contra funcionarios nicaragüenses.

En el plano interno, la decisión refuerza el control absoluto de Ortega y Murillo sobre las instituciones. La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, respaldó el anuncio y lo presentó como una “defensa de la revolución”.

Los medios independientes, en su mayoría clausurados o exiliados, denunciaron que se trata de la instauración definitiva de un régimen autoritario.