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- 10/12/2014 01:01
El fiscal pide que la infanta Cristina responda como responsable civil a título lucrativo, conjunta y solidariamente con Urdangarin
El fiscal solicitó ayer al juez que archive la causa respecto a la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, investigada en un caso de corrupción, por inexistencia de indicios racionales de criminalidad.
No obstante, el fiscal Pedro Horrach solicita al juez José Castro, que investiga el denominado caso Nóos, que la considere responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado de 725,000 dólares.
En la misma causa, por el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, que presidió el marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, el fiscal pide para él una condena de 19 años y 6 meses de prisión y que pague 4 millones de dólares de multa por el desvío de fondos públicos mediante varios presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo.
El caso Noós investiga a una fundación sin ánimo de lucro con ese nombre presidida por Urdangarin, a la que supuestamente fueron desviados unos 7.5 millones de dólares de fondos públicos entre 2004 y 2007.
El fiscal pide que la infanta Cristina responda como responsable civil a título lucrativo, conjunta y solidariamente con Urdangarin, hasta la cuantía de 600,000 dólares.
Esa cantidad es la mitad de los fondos que, según el ministerio público, ingresó de forma ilícita la empresa Aizoon, propiedad de la infanta Cristina y su esposo al 50% y que destinaron a pagar gastos personales.
Horrach sostiene que Urdangarin creó Aizoon y que la utilizó como sociedad interpuesta para percibir rentas derivadas de su propia actividad personal y pagar menos impuestos. El fiscal considera que Cristina de Borbón, a pesar de desconocer el origen ilícito de parte de los fondos de los que se nutría Aizoon, ‘se benefició’ porque su esposo los destinó a abonar servicios y suministros de tipo personal o familiar.
En su escrito, Horrach considera que el juez Castro, de acuerdo con la ley española y su jurisprudencia, debe archivar la causa contra la infanta Cristina ante la ‘inexistencia de indicios racionales de criminalidad’, criterio que coincide con el de la Abogacía del Estado. Considera además, que mantener su imputación como cooperadora en dos presuntos delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin, la sitúa en una posición de indefensión basada en ‘una sospecha’.
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