Congreso de Estados Unidos aprueba recorte presupuestario para Colombia y endurece condiciones

El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una partida presupuestaria de 209 millones de dólares destinada a Colombia para el año fiscal 2026, que comienza en octubre, con una reducción del 50 % respecto al periodo anterior. La decisión responde a preocupaciones sobre la administración del presidente Gustavo Petro, incluyendo señalamientos por inestabilidad institucional, violencia política y aumento del narcotráfico, según documentos oficiales.

El proyecto fue respaldado por 35 votos contra 27 y establece nuevos condicionamientos para la entrega de los fondos, reflejando un cambio de tono en la política exterior estadounidense hacia Colombia.

“Este proyecto deja muy en claro que los días de una débil política extranjera de Estados Unidos acabaron. Los fondos se cortan, condicionan o retienen a aquellos países que no avanzan en los intereses compartidos como Colombia gracias al fracaso del gobierno Petro a la hora de prevenir la violencia política, causar el deterioro económico y por envalentonar el crimen trasnacional”, declaró el congresista republicano Mario Díaz-Balart, al presentar el proyecto.

Los recursos se dividirán en tres áreas principales:

$103 millones para programas de lucha contra el narcotráfico,

$38 millones para apoyar a las Fuerzas Armadas,

$67 millones para proyectos de desarrollo, asistencia económica y social.

El informe legislativo también destaca que se aplicará un recorte del 26 % en iniciativas de seguridad y un drástico 66 % en programas sociales o de “componente blando”.

Aunque con menor severidad, algunos demócratas también expresaron su preocupación sobre el rumbo político de Colombia. El representante Adriano Espaillat señaló:

“Hay cierta justificación, entre otros motivos, por el incremento del narcotráfico y la violencia política en el país... También entendemos que hay preocupaciones con el actual gobierno en Colombia que se deben discutir, mitigar y que, por tal razón, se han levantado este tipo de medidas”.

A su vez, Henry Cuéllar, demócrata de Texas, sostuvo:

“No podemos mandar dinero a un país que no toma posiciones con Estados Unidos”.

El reporte adjunto al proyecto incluye menciones directas al atentado contra el senador Miguel Uribe, el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y hasta presuntas denuncias sobre consumo de drogas entre funcionarios del gobierno Petro.

“El Comité está preocupado por los informes de violaciones al debido proceso e irregularidades judiciales en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, incluidas las denuncias de vigilancia no autorizada, denegación del derecho a la defensa y conflictos de intereses”, sostiene el documento.

Además, se exige que el Departamento de Estado certifique que Colombia está reduciendo cultivos ilícitos y extraditando a narcotraficantes, como condición para el desembolso de hasta un 30% de los recursos antidrogas.

El embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, respondió desde el Capitolio tras la aprobación del proyecto:

“Estamos aquí, precisamente, en el Congreso, hablando con los diferentes congresistas (...) Es una relación estratégica para los dos países y vamos a esperar a ver qué pasa”.

García-Peña admitió tensiones en la relación bilateral, pero negó que el lenguaje del informe represente la totalidad del vínculo:

“No nos gusta ese lenguaje, pero creo que eso es parte del debate (...) La relación sigue funcionando a nivel institucional”.

Desde el sector privado, María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, alertó sobre el impacto político del recorte:

“Es una señal política de preocupación (...) frente al aumento de la violencia, el retroceso en la lucha contra el narcotráfico y los cuestionamientos al respeto por el Estado de derecho”.

Según Lacouture, la decisión podría comprometer programas clave para la consolidación de la paz y el desarrollo de comunidades vulnerables.

“Recuperar la confianza internacional exige responsabilidad, seguridad jurídica y un compromiso inequívoco con los principios democráticos”, concluyó.

El presupuesto aprobado ahora deberá ser debatido por el pleno de la Cámara de Representantes en septiembre. Paralelamente, el Senado elabora su propia versión del proyecto. Posteriormente, una comisión de conciliación armonizará ambas propuestas para emitir un texto final, que se convertirá en ley una vez aprobado por ambas cámaras y sancionado por el Ejecutivo.