‘Es el gobierno de Petro el que ha sembrado el odio y destruido la democracia’

El reciente atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay ha reavivado en Colombia los fantasmas de una violencia política que parecía superada, pero que sigue latente bajo la superficie de una democracia frágil. El ataque, ocurrido en plena campaña presidencial anticipada, ha generado consternación nacional y levantado alertas sobre el deterioro de las condiciones de seguridad para quienes ejercen oposición al gobierno actual. En un país donde la polarización política se ha profundizado en los últimos años, este tipo de hechos no solo amenazan la vida de los líderes públicos, sino que golpean de lleno la institucionalidad y el derecho ciudadano a elegir en libertad.

Colombia tiene una historia dolorosa marcada por atentados, magnicidios y campañas electorales teñidas de sangre. Desde los años más crudos del narcoterrorismo hasta las más recientes manifestaciones sociales cargadas de violencia, el ejercicio político ha sido, demasiadas veces, una profesión de riesgo. La preocupación hoy gira en torno a la posibilidad de que estos actos se conviertan en la antesala de un proceso electoral dominado por el miedo y no por el debate democrático.

Para analizar este panorama, La Estrella de Panamá conversó con Marta Lucía Ramírez, excanciller, exvicepresidenta de Colombia y figura clave en la política nacional durante más de dos décadas.

Es volver 30 o 35 años atrás. Es algo que, desafortunadamente, no nos atrevíamos a reconocer que podía volver a pasar, porque ninguno quisiera ver que se repitan estas imágenes en Colombia.

En aquella época mi hija tenía seis o siete años y vivíamos con una incertidumbre de salir por las mañanas al colegio o a los trabajos sin saber si nos volveríamos a ver en la tarde. El tiempo de Pablo Escobar marcó un miedo enorme porque se dedicó a hacer toda clase de atentados en Colombia y eso mismo hemos vuelto a ver el pasado sábado en nuestro país.

Son los niños de aquel entonces los que ahora, con 35 o 40 años, vuelven a sentir ese temor del terrorismo. Todo esto es consecuencia del odio que ha promovido el gobierno de Gustavo Petro. Es una administración que no ha hecho absolutamente nada por la unión de los colombianos, por mandar un mensaje de respeto a las leyes o al Estado de derecho. Es el gobierno de Petro el que ha sembrado el odio y destruido la democracia.

Se vio el despertar de un país frente a la amenaza terrorista del narcotráfico. Fue realmente sentir que Colombia estaba amenazado por ese terrorismo de los narcotraficantes.

Lo que está detrás de todo esto es una gran empuja política por ver realmente si quienes llegan al poder son personas que defienden el Estado de derecho o, por el contrario, son cercanas a todo lo que significa este narcotráfico, terrorismo y sobre todo esa supuesta rebelión contra todo lo que Colombia ha sido durante los últimos 50 años y contra todo lo que ha logrado avanzar, a pesar de sus múltiples dificultades.

Los que creemos en el Estado de derecho no aceptamos por ningún motivo que nos quieran llevar otra vez a ese pasado de temor y de terrorismo indiscriminado contra todos los colombianos.

El gobierno de Álvaro Uribe fue un momento en que el país entero decidió enfrentar el terrorismo y el narcotráfico para decir “Colombia no quiere vivir bajo el miedo”.

Por otro lado, durante el gobierno de Iván Duque, en el que nos enfrentamos a la pandemia de la COVID-19, el grupo político de Gustavo Petro promovió una narrativa de rechazo y odio hacia la administración, responsabilizándolo injustamente de la crisis. Lo que se presentó como “protesta social” fue en realidad vandalismo organizado, financiado por personas que hoy forman parte del gobierno actual. Ese hecho causó una gran destrucción en Colombia entre 2019 y 2021, afectando monumentos, negocios y el patrimonio de sectores vulnerables.

Más que similitudes o diferencias entre un gobierno u otro, lo que he aprendido ejerciendo distintos cargos es que cuando la sociedad colombiana decide enfrentar el terrorismo y el narcotráfico, siempre hemos logrado triunfar. Y esta vez no será la excepción; esta vez nuevamente tenemos que levantarnos erguidos como sociedad, como nación, para rechazar al narcotráfico que está en la mano del terrorismo en nuestro país.

Lo que ha debido hacer desde mucho antes: asegurar que los candidatos a la presidencia que están liderando la oposición tengan todas las garantías y tengan toda la protección del caso, porque así mismo hicimos nosotros cuando el candidato era Gustavo Petro.

A los candidatos actuales, sin importar de qué partido sean, se les debe reforzar todas las medidas de seguridad. No solo a ellos, sino a su equipo de campaña. El gobierno actual se ha desentendido de esta tarea. Algunos candidatos actuales tienen un nivel de riesgo alto y medidas de seguridad precarias, como fue el caso de Miguel Uribe Turbay.

En segundo lugar, después de ese atentado lo mínimo que debía hacer es tener un poco de consideración y algún sentido de respeto y de humanidad para solidarizarse con Miguel y su familia,

Gustavo Petro, lejos de tener respeto o empatía, lo que hace es sacar declaraciones que son absolutamente desobligantes y desconsideradas para el dolor de una familia y de todo el pueblo colombiano.

Es el gran contrasentido que estamos viviendo hoy, que justamente quien debería dar las garantías de seguridad es la persona que está dando todos los días mensajes que van en contra de la institucionalidad y en contra de la democracia colombiana.

Colombia ya ha vivido este escenario y como nación debemos evitar que sea algo habitual. La responsabilidad de las fuerzas militares y de la policía es cómo cumplir la Constitución y la ley garantizando la vida de todos los colombianos, sean o no de la oposición, defendiendo su integridad y la soberanía del país frente al narcotráfico que quiere tomar control de zonas muy amplias del territorio.

El país ha sido capaz de plantarse erguido en contra de esto y nuevamente eso es lo que harán los colombianos: salir a votar masivamente en 2026 y pedir respeto por la vida de todos los candidatos.

Ese respaldo se traduce en la selección de personas adecuadas, idóneas, que tengan la preparación, el conocimiento y la integridad personal para estar al frente de dicha institucionalidad. Petro se ha caracterizado por nombrar en todos los cargos del Estado a gente inepta, ignorante, desconocedora de los temas y activistas en contra de lo que hacen esas instituciones.

Se debe poner al frente gente competente que cumpla la Constitución y las leyes y haga que esas instituciones sean cada vez más eficaces en la garantía de los derechos de los colombianos y más legítimas en su actuar de manera transparente, de manera íntegra y de manera siempre ajustada a la ley.