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- 20/06/2025 16:40
Brenda Agüero, exenfermera del Hospital Materno Neonatal de Córdoba, fue condenada este miércoles a prisión perpetua por el asesinato de cinco recién nacidos y el intento de homicidio de otros ocho, crímenes cometidos entre marzo y junio de 2022. El veredicto se dictó tras un juicio por jurado popular que se extendió por seis meses.
La mujer de 30 años fue hallada culpable de administrar intencionalmente dosis letales de potasio o insulina a los bebés, sustancias incompatibles con la vida. La Justicia consideró probado que, debido a su formación profesional, Agüero sabía que estas inyecciones podían causar la muerte.
Las víctimas mortales eran recién nacidos, dados a luz entre el 18 de marzo y el 6 de junio de 2022. Fallecieron pocas horas después del parto. Las autopsias de dos de los bebés confirmaron la presencia de un exceso de potasio como causa de muerte.
En cuanto a los ocho bebés que sobrevivieron, todos requirieron atención en terapia intensiva. Uno de ellos sufre desde entonces un retraso madurativo.
Agüero, quien había obtenido su título como enfermera profesional en 2018 y se incorporó al hospital en 2020, permaneció en prisión preventiva durante todo el proceso judicial. Cumplirá su condena en el penal de Bouwer, la principal cárcel de la provincia.
El juicio estuvo a cargo de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación y contó con 57 audiencias en las que participaron 99 personas. En sus intervenciones ante el jurado, Agüero aseguró ser víctima de una construcción mediática: “Gracias a esa imagen que crearon los periodistas yo me veo en este contexto... No existe posibilidad de que se me cruce por la cabeza hacerle daño a una persona, mucho menos a unos niños”.
Además de Agüero, diez exfuncionarios del Ministerio de Salud de Córdoba también fueron juzgados por su presunta responsabilidad institucional. Entre ellos, el exsubsecretario de Salud Pablo Carvajal, la exdirectora del hospital Liliana Asís, y otros jefes médicos y administrativos. Cinco de ellos fueron condenados a penas de entre cuatro y cinco años de prisión, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos, aunque seguirán en libertad hasta que las sentencias queden firmes.
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