Gobierno de Colombia asegura que el calendario electoral se mantendrá ‘sin contratiempos’

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, aseguró este martes 26 de agosto que las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 se desarrollarán “sin contratiempos” en las fechas establecidas y con plenas garantías de seguridad, pese a los recientes atentados y otros hechos de violencia en varias regiones.

“El mensaje es claro: ningún hecho de orden público o circunstancia excepcional puede dar lugar a aplazar o suspender las elecciones en Colombia, porque las fechas están definidas por la Constitución y son inamovibles”, subrayó el ministro, tras reunirse con el procurador general, Gregorio Eljach, y otras autoridades.

Sánchez Suárez presentó este 26 de agosto el ‘Plan Democracia’, un proyecto para garantizar la seguridad en procesos electorales, diseñado junto con la Registraduría, entidad encargada de dirigir y organizar las elecciones; la Procuraduría (Ministerio Público) y otros órganos de control.

Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y la primera vuelta de las presidenciales se hará el 31 de mayo.

Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, las autoridades tienen programado un despliegue de más de 6.000 policías y 3.000 militares en las regiones, así como un refuerzo en la protección individual de los precandidatos presidenciales.

Por su parte, Eljach recalcó que la institucionalidad está “fuerte y articulada” para respaldar el proceso democrático y llamó a generar confianza entre la ciudadanía, pese a las amenazas y ataques de grupos armados ilegales.

Sánchez destacó además que el país enfrenta una tarea inédita por el número de aspirantes presidenciales: más de 70 personas ya han manifestado su intención de competir en 2026, a los que hay que sumar centenares de candidatos a Senado y Cámara de Representantes.

Los comicios del año próximo serán precedidos por otros de carácter local este año para escoger a los gobernadores de los departamentos de Magdalena y San Andrés, y a los alcaldes de Tunja y Bucaramanga, cuyas elecciones fueron anuladas, además de consultas internas de varios partidos para nominar a sus candidatos presidenciales.