Sheinbaum y Trump hablan por teléfono para tratar ‘temas comerciales’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este jueves que sostuvo una nueva llamada telefónica con su homólogo estadounidense, para continuar con las negociaciones en temas comerciales tras la guerra arancelaria impulsada por el gobernante de EE.UU.

“Movimos un poco la conferencia porque tuvimos una llamada temprano con el presidente Trump”, dijo Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

Asimismo, informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Washington en los próximos días para tener una reunión.

“Seguimos hablando sobre los temas comerciales, nada en particular, pero seguimos negociando, con buena relación y buena comunicación”, aseveró Sheinbaum.

La gobernante mexicana destacó que la conversación, la séptima que sostienen de manera telefónica, no será la última, pues deberán seguir hablando de temas comerciales y aranceles.

“En principio seguimos hablando sobre el tema del comercio, de los aranceles. Recuerden que nosotros, en el caso de la automotriz, tenemos una situación muy preferencial para México, aunque todavía quisiéramos más”, aseguró.

La llamada entre ambos mandatarios ocurre tras la guerra arancelaria impulsada por Trump -de la cual México logró salir parcialmente exento, especialmente en la última ronda de tarifas-, aunque el país ahora enfrenta nuevas amenazas económicas.

Esta semana, la Cámara de Representantes aprobó la propuesta de una tasa del 3,5 % a las remesas enviadas por migrantes a sus familias, lo que el Gobierno mexicano considera una violación al tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación, y que ahora debe ser debatida en el Senado estadounidense.

A esto se suma la reciente suspensión de importaciones de ganado mexicano a EE.UU. tras el veto impuesto hace una semana por Washington debido a la detección del gusano barrenador en el sur de México.

Sheinbaum afirmó este jueves que su gobierno no fue informado sobre la deportación por parte de Estados Unidos de un migrante mexicano a Sudán del Sur, quien fue expulsado junto con otros siete de distintos países.

“No fue informado México [...] y primero tiene que ser por parte de si [el ciudadano] quiere ser repatriado. Y si es que quiere ser repatriado, Estados Unidos tendría que traerlo a México y en México tendrían que seguirse todos los protocolos, porque muy probablemente también estaría privado de su libertad”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana se refirió así al caso de Jesús Muñoz Gutiérrez, un ciudadano mexicano que estaba detenido en Estados Unidos acusado de homicidio y quien fue deportado a Sudán del Sur.

Según detalló Sheinbaum, el Gobierno estadounidense no realizó el protocolo que existe para que los ciudadanos mexicanos sean repatriados al país, el cual es diferente para personas que cometieron algún delito, como el caso Muñoz Gutiérrez.

El martes, organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes presentaron un recurso de emergencia ante la corte en Massachusetts para que interviniera denunciando que al menos dos de sus clientes les habían informado que serían enviados a Sudán del Sur.

El miércoles, el juez federal Brian Murphy indicó que el presidente del país, Donald Trump, violó una orden judicial al expulsar a los ocho migrantes, pues no les dio oportunidad de defender sus casos.

El grupo de expulsados, además de Gutiérrez, está conformado por Enrique Arias Hierro y José Manuel Rodríguez, ambos de Cuba; Thongxay Nilakout, de Laos; Kyaw Mya y Nyo Myint, de Birmania; Tuan Thanh Phan, de Vietnam, y Dian Peter Domach, de Sudán del Sur.

La decisión del juez Murphy es el más reciente episodio del enfrentamiento entre la administración de Trump y el Poder Judicial, en torno a las medidas cada vez más agresivas para cumplir su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas.

Los tribunales y las organizaciones en defensa de los derechos humanos han acusado al Gobierno de estar ignorando el debido proceso y algunos expertos legales alertan de que el país está acercándose a una “crisis constitucional”.

El país, al este de África, está envuelto en un conflicto armado y el propio Departamento de Estado de EE.UU. recomienda a sus ciudadanos a no visitar y retiró a inicios de mayo al personal no esencial del Gobierno estadounidense allí.

Desde su llegada al poder el pasado 20 de enero, Trump anunció su intención de deportaciones masivas y, para acelerar los procesos, Washington está buscando acuerdos con otros países para que acepten a los migrantes expulsados del país.

Trump está buscando eliminar un acuerdo judicial, logrado hace más de 25 años, que obliga a las autoridades a ofrecerles protecciones a los menores migrantes que están bajo custodia federal.

Con un recurso presentado hoy ante un tribunal en California, la administración republicana pide que se elimine “por completo” el llamado Acuerdo Flores que desde 1997 establece normas mínimas para el trato de menores migrantes.

Entre ellas, garantizarles un acceso a servicios de salud y educación, mantenerlos en instalaciones que tengan una licencia para cuidar a menores de edad y liberarlos rápidamente a un familiar o representante legal.

El pacto legal también ha permitido a los abogados defensores de los inmigrantes sacar a la luz los retos que enfrentan los menores bajo custodia federal, incluidos niños que ingresan a EE.UU. acompañados de un familiar o tutor legal.

En el documento presentado hoy, el gobierno de Trump alega que el acuerdo no le permite implementar las políticas migratorias que quisiera e impone la voluntad del judicial por encima del Ejecutivo.

En concreto, los abogados del Gobierno culpan al acuerdo Flores de haber “cambiado el panorama migratorio” al quitar algunos factores que disuadían a las familias de entrar de manera irregular a EE.UU.

A su vez, señala que las condiciones en los centros de detención para migrantes han mejorado “sustancialmente” desde que el acuerdo se firmó.

Esta es la segunda vez que Trump intenta levantar las protecciones a los menores migrantes: un intento para disolver este acuerdo durante su primer mandato (2017-2021) fue frenado por un tribunal de apelaciones.

Una solicitud similar hizo la Administración de Barack Obama (2009-2017) tras el aumento de niños solos que ingresaron al país en 2014.

El acuerdo lleva el nombre de Jenny Flores, una menor de 15 años que huyó de la guerra civil en El Salvador y tras cruzar la frontera en 1985, enfrentó un duro trato por las autoridades migratorias, que incluyó un registro al desnudo y estar encerrada en un centro juvenil durante meses sin educación, recreación y otros apoyos mientras esperaba la deportación.

La expulsión se logró evitar después de que la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones demandaran al Gobierno estadounidense y comenzara un litigio que cobijó a todos los niños y derivó en el acuerdo.