Todo lo que se sabe sobre el juicio de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia

Este lunes 28 de julio, la justicia colombiana dio un paso crucial en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), acusado de soborno a testigos y fraude procesal, en un caso que ha marcado un hito en la historia del país al convertirse en el primer juicio penal contra un exmandatario. La audiencia, presidida por la jueza Sandra Liliana Heredia en el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, inició puntualmente a las 8:30 a.m., hora local, y se desarrolló bajo alta expectativa política y mediática.

El caso contra Uribe se remonta a 2012, cuando surgieron denuncias que lo vinculaban con estructuras paramilitares, en particular el Bloque Metro. El proceso se intensificó tras revelaciones de que su entonces abogado, Diego Cadena, habría ofrecido beneficios judiciales al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que modificara su testimonio, que relacionaba a Uribe y su familia con grupos armados ilegales.

Desde el inicio de la diligencia, la jueza Heredia hizo un llamado a la serenidad institucional: “Los ojos del país y de muchas partes del mundo están puestos sobre esta sala (...). La justicia no se arrodilla al poder”, enfatizó. Uribe, de 73 años, no asistió en persona a la audiencia, pero siguió el desarrollo del fallo de manera virtual.

En su intervención, Heredia subrayó que el objeto del juicio no es comprobar la pertenencia de Monsalve al Bloque Metro, sino determinar si fue presionado o sobornado para alterar su versión. “No se juzga si Monsalve fue o no figura central del grupo paramilitar, sino si se intentó incidir en su testimonio”, aclaró.

A lo largo de más de tres horas de lectura, la jueza ha validado la credibilidad de Monsalve como testigo fundamental, reconociendo su “valor civil” y destacando que no se encontraron contradicciones en su relato. También señaló que el testigo actuó bajo condiciones de riesgo dentro y fuera de prisión, lo que justificó el uso de métodos poco convencionales como el reloj espía con el que grabó sus conversaciones con Cadena.

Sobre ese dispositivo, Heredia fue contundente: “La grabación es cierta, sin asomo de duda en su autenticidad”, aseguró. Pese a la baja calidad del audio y las limitaciones visuales del video, consideró que se pueden discernir las conversaciones relevantes para el caso y que el material fue grabado dentro de la cárcel La Picota, como lo indica su contexto. Rechazó también los argumentos de la defensa que alegaban manipulación digital, al indicar que las modificaciones en los metadatos son comunes en entornos informáticos y que no se evidenció intervención humana ni se precisó qué parte habría sido alterada.

Otro elemento crucial del proceso son las interceptaciones telefónicas a Uribe realizadas por la Corte Suprema en 2018, las cuales ocurrieron por error al estar asociadas a una línea del entonces congresista Nilton Córdoba. La defensa del exmandatario solicitó su exclusión argumentando violación al derecho a la confidencialidad entre cliente y abogado. Sin embargo, Heredia concluyó que las grabaciones son lícitas, ya que Cadena aún no era el defensor formal de Uribe al momento de las llamadas, y que la justicia actuó con celeridad al detener la intervención una vez identificado el error.

“La inviolabilidad de las comunicaciones es un derecho fundamental, pero no es absoluto”, precisó. A su juicio, la Fiscalía actuó con buena fe y diligencia, y las grabaciones no fueron producto de una persecución judicial, como ha sostenido la defensa del expresidente.

Aunque el veredicto definitivo aún no se ha leído, la línea argumentativa de la jueza Heredia hasta ahora ha sido consistente en validar las principales pruebas de la Fiscalía y en rechazar los argumentos centrales de la defensa. El testimonio de Monsalve, las grabaciones con el reloj espía y las interceptaciones accidentales fueron reconocidas como evidencias legítimas y sólidas.

Desde las afueras del Complejo Judicial de Paloquemao, el exvicepresidente Francisco Santos, aliado de Uribe, expresó su escepticismo sobre la imparcialidad del fallo: “La justicia está politizada”, repitió, en línea con el discurso del sector uribista.

La decisión de la jueza Heredia podría marcar un antes y un después en la justicia colombiana y en el legado político de Álvaro Uribe. Su veredicto, que se espera se conozca oficialmente en las próximas horas o días, tendrá repercusiones políticas y judiciales de alto calibre, tanto para el expresidente como para el país.