Aumento de penas llega a la Asamblea

PANAMÁ. Tras la aprobación en Consejo de Gabinete del proyecto de ley que modifica unos artículos de los Códigos Penal y Judicial, presentado por el Ejecutivo para enfrentar la ola de delincuencia, ayer el ministro de Gobierno y Justicia, Dilio Arcia lo presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional para su discusión.

El proyecto de ley aumenta las penas relacionadas al delito de posesión simple de armas de cuatro a seis años de prisión.

La sustentación era la esperada. Estadísticas recientes de la Fiscalía Superior de la República, demuestran que desde enero hasta noviembre de 2008 hubo un total de 474 casos de posesión ilícita de armas de fuego.

Arcia recordó que en la legislación anterior la sanción de este delito oscilaba entre dos a cuatro años de prisión y permitía la aplicación de la detención preventiva, como medida precautoria de carácter personal y excepcional cuando las circunstancias así lo decidan.

Con la nueva legislación aprobada en 2007, explicó, se ha dado un aumento de la pena en términos generales. Pero no ocurrió así en el delito de posesión simple de armas.

Según el ministro de Gobierno, al mantenerse en el Código Penal, igual sanción de aquellas establecidas en la legislación derogadas entonces, las reformas procesales imposibilitaban a la gente de instrucción la aplicación de una medida cautelar, acorde con la gravedad del ilícito cometido.

Es por ello, que considera que es necesario hacer reformas que mejoren la labor de investigación que aumentan las sanciones aplicables a quienes se constituyen en transgresores de la ley penal.

El proyecto de ley que endurece las penas también contempla las lesiones contra servidores públicos, hurto a turistas y blanqueo de capitales.

Sobre este proyecto que propone el presidente Martín Torrijos, a ocho meses de que deje la silla presidencial, el ex viceministro de Gobierno y Justicia Alejandro Pérez dijo que cualquier medida destinada a combatir la criminalidad violenta en este país, es muy positiva, no importa que sea tarde, toda vez que el crimen se ha desbordado.

Sin embargo, considera que los operativos que se realizan para sacar de circulación a los delincuentes, deben ir acompañados de la declaratoria de estados de emergencia en los lugares requisados.

La idea, según Pérez, es que en esos lugares se puedan suspender algunas garantías constitucionales, que permita que las investigaciones que se les hace a los detenidos en estos operativos demoren 24 horas”. ¿Por qué le vamos a dar ventajas a la criminalidad y no a los ciudadanos honestosn de este país”, se preguntó Pérez.

Por su parte, el diputado opositor José Blandón Figueroa, señaló que el aumento de las penas ya se ha hecho y no resuelve el problema.

“Esto demuestra que el gobierno incumplió su lema de campaña, no tiene estrategia, se la ha pasado improvisando cuatro años y echándonos cuentos”, agregó el dipuatdo Blandón Figueroa.