No hay razón para postergarlo

CEl problema del transporte público en Panamá es, sin duda, uno de los que requiere urgente solución. Los usuarios, que por regla general son los panameños de menores recursos, se enfrentan diariamente, al utilizar los famosos “diablos rojos”, a una constante agresión a sus derechos más elementales como el derecho a la vida y a la seguridad. Muchos panameños han muerto, como consecuencia del mal estado de los buses de transporte público; otros han quedado incapacitados de por vida y la gran mayoría siente los efectos negativos en su vida y productividad, de un transporte lento, peligroso, abrumador y sin comodidad. El gobierno y varias organizaciones de la sociedad civil han planteado soluciones al problema. Uno de ellos es el Proyecto del Transmóvil, cuya primera etapa se inició con el retiro paulatino de 420 viejas unidades a cambio de una indemnización de 25 mil dólares por cada una, y la convocatoria a una licitación pública, muy cuestionada, para proveer los buses de reemplazo. Tres empresas calificaron para la licitación, una de ellas fue eliminada por supuesta falsificación de documentos. Las dos restantes, aguardan la decisión de la Comisión Evaluadora de la Autoridad de Transporte y Tránsito Terrestre (ATTT). Así las cosas, el gobierno está decidido a llevar adelante este proyecto, pese a los tropiezos y dificultades, quienes lo adversan, esgrimiendo fundamentalmente como razón, la falta de transparencia en la licitación, también están resueltos a paralizarlo. Leonel Solís, coordinador del Proyecto Transmóvil, habla sobre el tema.

Esta pregunta me ayuda a aclarar un enfoque que se ha explicado a distintos niveles, inclusive en los medios de comunicación, pero que parece no comprenderse. El Transmóvil como proyecto no tiene el objetivo único de reemplazar a los “diablos rojos” por otro modelo de bus. Como programa contiene otros nueve elementos que pasan desde la creación de una gerencia metropolitana de transporte, hasta la preparación de los planos de infraestructura que facilite una solución de transporte masivo a una ciudad complicada en su desarrollo urbanístico como Panamá, la capacitación de los actuales operadores, etc. Si la pregunta se dirige a la adquisición de los 420 buses de tipo urbano que está en proceso, personalmente considero que sí debe continuarse, porque sería injusto con los usuarios no ofrecerles un transporte más digno, más seguro y eficiente y someter a la gran cantidad de panameños que utilizan el sistema todos los días, al riesgo de un sistema colapsado, ineficiente y el cual necesita una reingienería inmediata.

A empujones funciona el sistema para los más de 800 mil usuarios que pelean todos los días con un servicio ineficiente, considero que es una apreciación injusta para no calificarla de irresponsable, el inicio de la solución a este problema no puede estar maniatada a plazos políticos, éste es un paso necesario e ineludible para cualquier tipo de solución o alternativa que se defina a futuro, el no hacerlo en este momento, puede atrasar cualquier plan de modernización en por lo menos un año y medio.

No considero, afirmo que el proceso ha sido transparente. La prueba más contundente ha sido el uso del portal de PanamáCompra. Además la solicitud aceptada por la Cámara de Comercio de que tres de sus miembros participen de la comisión evaluadora de la licitación y que además constituyen mayoría le da al proceso una garantía de independencia en la toma de sus decisiones.

La democracia permite y valora el derecho ciudadano a disentir de las decisiones que asumen los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. La justificación o no de los recursos la dan los Tribunales de Justicia, este juicio de valor no me corresponde. El riesgo que podemos correr como sociedad es quedar atrapados en un proceso jurídico que no permita solucionar los problemas de interés de las grandes mayorías.

Las inconformidades son usuales en este tipo de procesos, insisto en que siempre existen los mecanismos jurídicos para resolverlos, lo que da lástima es que se expresen opiniones públicamente y que siempre quede la duda sin responsabilidades para quien lo expresa. Esto es como el viejo refrán de que la leche derramada no se puede recoger. Al final me siento seguro de que este proceso resiste el más minucioso escrutinio.

Lo que habría que poner en la balanza es si debemos empezar a resolver un problema históricamente postergado, los plazos resultan irrelevantes cuando hablamos de mejorar la calidad de vida de muchos panameños. El asunto es buscar solución al problema o seguir con él. Durante mucho tiempo escuchamos que el gobierno no presentaba un modelo de solución al problema, ahora el argumento es que no hay tiempo, insisto este paso hay que darlo.

Sin duda. Para establecer un ejemplo este es como el primer paso que todo ser humano tiene que dar antes de empezar a caminar. El gobierno que venga tendrá una mesa limpia de actores conflictivos lo que le permitirá acometer con mucha más rapidez la solución a mediano y largo plazo.

El tiempo. Si fuera posible y, pensando en un mejor servicio y más seguridad para los usuarios, nos gustaría que ya el sistema estuviera funcionando a plena capacidad. Pero insisto en que esto no es razón para postergarlo.

Si el programa continúa gana la sociedad panameña en general y la gran cantidad de panameños que diariamente utilizan el servicio de transporte, además de que se garantiza una base técnicamente sólida para cualquier alternativa futura, si se suspende estaremos corriendo el riesgo como sociedad de postergar la solución de un problema sufrido, que no distingue banderías políticas.