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21 de Jan de 2021

Nacional

Dejarían casos a nuevo gobierno

PANAMÁ. El diario La Estrella ha tenido acceso a información que indica que el gobierno del presidente Torrijos, a través de la Cancill...

PANAMÁ. El diario La Estrella ha tenido acceso a información que indica que el gobierno del presidente Torrijos, a través de la Cancillería, dilata la toma de decisiones sobre casos de arbitraje internacional para que sean decididos por el gobierno que se instalará el próximo 1 de julio.

Uno de estos casos es el del empresario francés Laurent Jean-Marc Parienti, cuyo fallo arbitral contra el Estado panameño, emitido en junio de 2002, ordenó el pago de 32.5 millones de dólares a dicho empresario por la fallida construcción de la terminal de transporte de buses de Colón. Ese laudo fue anulado por la Corte Suprema de Justicia de Panamá el 9 de octubre de 2006, a pesar de que, según el demandante Parienti, por ser un laudo internacional, no podía ser objeto de ninguna acción de nulidad.

La controversia fue llevada a una Corte Internacional de Arbitraje, la que ya le ha notificado al gobierno panameño la decisión de que está obligado a hacer el pago correspondiente, más los intereses que se han causado desde 2002.

A través de medidas dilatorias, la Cancillería panameña ha evitado darle curso a los requerimientos de las autoridades francesas, a pesar de que el ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander, ha señalado la obligatoriedad de hacerlo para proceder a hacer el pago correspondiente. Esta demora obligará al próximo gobierno asumir los entuertos que habrá de dejar el actual, en relación al tema.

En la actualidad existen otros casos de arbitraje internacional en los que la República de Panamá podría ser condenada a pagar sumas millonarias y cuyas decisiones necesariamente se darán después del próximo 1 de julio, fecha en la que deberá asumir el cargo el nuevo Presidente de la República.

En uno de tales casos, el que se atiende en tribunales arbitrales de los Estados Unidos de América, la República de Panamá está representada por la firma de abogados de Washington, Arnold & Porter, abogados del país desde los tiempos de Noriega. Este medio consultó sobre los casos de arbitraje internacional pendientes en la Cancillería, sin embargo, hasta el cierre de la presente edición no se había recibido ninguna respuesta.