La lucha contra el abuso infantil

PANAMA. Recientemente, en un seminario sobre delitos sexuales celebrado en Argentina, Panamá fue identificado como uno de los países con más incidencia de pornografía en Latinoamérica.

Mientras el país se esfuerza por obtener el primer lugar como centro de distribución de pornografía de adultos por Internet, también se ha convertido en un sitio donde la industria de pornografía infantil ha estado creciendo. Como consecuencia, la Primera Fiscalía de Circuito de Delitos Sexuales ha llevado exitosamente a juicio cuatro importantes casos, desmantelando redes de pornógrafos.

En Panamá no existen leyes contra la pornografía de adultos, sin importar lo denigrante que sea, pero la pornografía infantil es un delito en todas partes del mundo, incluida Panamá. Los distribuidores de este material pueden ser condenados a varios años en prisión, posiblemente en solitario, pues los reos no ven con buenos ojos a los que son descritos como pervertidos sexuales.

“Las investigaciones en Panamá sobre pornografía infantil en sitios de Internet con frecuencia son obstaculizadas debido a la falta de expertos que puedan identificar a estos criminales cibernautas”, dijo el fiscal primero de circuito de Delitos Sexuales, Marcelino Aguilar Aizpurúa. A pesar de ello, se han ganado casos en Colón, Chiriquí, San Miguelito y la Ciudad de Panamá.

Durante estas investigaciones se han encontrado y decomisado grandes cantidades de material pornográfico. En un solo caso fueron halladas 30,000 fotografías de niños y adolescentes en poses sugestivas.

Las pandillas están empezando a descubrir el lucrativo mundo de la pornografía y sus miembros no tienen ningún escrúpulo en explotar hombres, mujeres y niños.

Hace poco una niña de 13 años fue violada y sometida a todo tipo de vejámenes por miembros de una pandilla en El Chorrillo. Las humillaciones a la que fue sometida la chica fueron fotografiadas y grabadas en DVDs que fueron vendidos en diferentes partes de Calidonia y la Avenida Central por los criminales.

El fiscal indicó que el mayor problema en ese tipo de casos es que, como se trata de menores de edad, los detalles de las operaciones no pueden ser revelados y sólo se dan a conocer los nombres de los condenados y sus sentencias.

“En casos que involucran la explotación sexual de menores y pornografía infantil, los sospechosos no tienen derecho a fianza y pueden ser sentenciados a entre cinco y diez años de cárcel. La sentencia aumenta si el delito es agravado. En ese caso la sentencia puede ser entre 10 y 15 años,” dijo Aguilar.

Si la víctima es menor de 14 años y el perpetrador pertenece a una organización criminal, se pueden agregar más años en prisión a su sentencia original.

“En los casos en que el individuo obtenga material pornográfico infantil, puede ser condenado a entre diez y quince años, porque es un crimen aberrante,” señaló el fiscal.

Desafortunadamente, Panamá no tiene equipo sofisticado, ni personal adecuadamente entrenado para combatir este tipo de delitos e identificar a los criminales locales.

Muchas investigaciones de alto nivel se llevan a cabo en otros países, desde los cuales se puede localizar a quienes están visitando sitios pornográficos en Internet basados en Panamá, desde el país que está realizando la investigación, o a quienes han puesto material obsceno en el sitio.

Cuando esto sucede, Interpol es inmediatamente alertada. Ellos le pasan el mensaje a sus oficinas en Panamá, quienes a su vez pasan la información a la sección de Explotación Comercial Sexual del Departamento de Investigación Judicial (DIJ). “No hemos ganado siempre, pero tenemos varios convictos”, aseguró Aguilar.

Llevar estos casos a juicio es difícil debido a la “habilidad y destreza” de los distribuidores que “esconden” sitios de pornografía infantil en páginas de pornografía de adultos.

“Este tipo de investigaciones requieren muchos recursos y la fiscalía está haciendo grandes esfuerzos para erradicar la pornografía infantil y la explotación comercial y sexual, no sólo de niños, sino también de adultos,” dijo Aguilar.

“Nuestros recursos son limitados, pero recientemente el Ministerio Público ha invertido más capital para combatir delitos sexuales. Estamos recibiendo equipos, organizando seminarios con expertos extranjeros, y la Embajada de los Estados Unidos ha hecho donaciones de computadores. además, nos ha enviado a especialistas en el tema a darnos charlas que han sido de gran utilidad”, señaló Aguilar.

“Lo ideal sería tener un departamento técnico exclusivamente dedicado a combatir la explotación comercial sexual, ya que los pornógrafos usan los mismos métodos que los traficantes de drogas,” concluyó Aguilar.