Reos, moribundos y sin atención

PANAMÁ. En La Joya y La Joyita hay 150 reos con enfermedades terminales o graves que no están siendo atendidos de la mejor manera en la Clínica Hospital La Merced, que funciona dentro de este centro penitenciario, por falta de médicos y medicamentos para cada caso en particular.

Durante tres meses la Fundación para Apoyo al Detenido realizó, a través de su Departamento de Trabajo Social, una encuesta para conocer las condiciones de salud de estas personas, algunas en estado muy crítico que necesitan de otros cuidados y atenciones.

De estas personas en estado terminal o graves, 97 están condenadas, 34 están procesadas, 16 en proceso y tres no tienen un estatus definido dentro de estas cárceles.

Los reos que más requieren de atención por su gravedad son uno que está enfermo del riñón por haber ingerido el jarabe envenenado con dietilenglicol, uno con cáncer en el pene, hay otros casos de cáncer como verrugosa, de pulmonía y tuberculosis.

El presidente de la Fundación para Apoyo al Detenido, Javier Justiniani, dijo que estas personas enfermas deben ir al Instituto de Medicina Legal para que se certifique la enfermedad que paceden y luego sean llevados a un hospital, donde se le puede aplicar el beneficio de depósito médico hospitalario o casa por cárcel, si los familiares están en condiciones de atenderlos.

Actualmente la población penal del país es de 10,186 personas. En La Joya hay 2,146 reos y en La Joyita, 2,993.

De los 10,186 presos, están condenados 3,973, y 5,763 están en proceso.

En La Joya, 701 están condenados y 1,424 esperan por juicio. Entre tanto en La Joyita, 1,016 están condenados y 1,977 esperan por juicio.

El pasado 13 de junio la Defensoría del Pueblo envió un comunicado, en donde se explicaba que a 10 meses de la inauguración de la Clínica Hospital La Merced, no se estaba dando una prestación eficiente, por la carencia de medicamentos y de personal.

Durante una visita a estas cárceles, la Oficina de Supervisión de los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad de la Defensoría del Pueblo, pudo evidenciar “una desmejora sustancial en la prestación de los servicios de salud que se brindan a la población penal”, ya que los servicios de hospitalización, con capacidad incluso para 60 camas ni siquiera han sido utilizadas.

A estas carencias que tiene la clínica se le suma la falta de acondicionamiento para la utilización de la telemedicina y la carencia de personal para la atención 24 horas, “lo cual dificulta que se garantice una prestación adecuada de los servicios de salud en los centros penales”, dijo en aquella oportunidad el defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas.