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28 de Jun de 2022

Nacional

Sistema Acusatorio llega a la Asamblea

PANAMÁ. El ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, presentó ayer ante el Pleno Legislativo el proyecto que retrasa a dos año...

PANAMÁ. El ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, presentó ayer ante el Pleno Legislativo el proyecto que retrasa a dos años del Sistema Penal Acusatorio. El documento, que consta de 4 artículos, modifica la Ley 63 de agosto de 2008 que hace cambios al Código Procesal Penal.

En la exposición de motivos, Mulino deploró que no se guardó presupuesto para la entrada en vigencia del sistema, que entre otras cosas, crea jueces de garantía. Sustentó que se requieren 65 millones de dólares.

El artículo 1 del proyecto sugiere que desde el 2 de septiembre de 2011 se aplique el sistema, únicamente a los hechos que ocurran dentro del Segundo Distrito Judicial y que en la misma fecha, pero del 2012, se aplique en el Cuarto Distrito.

Asimismo desde el 2 de septiembre de 2013 entrará en vigencia en el Tercer Distrito y en el 2014 sea en el Primer Distrito Judicial. El último punto plantea que en el 2011 se aplique los procesos que sean competencia de la Corte, en el pleno y en la Sala Penal como tribunal de única instancia, y de la Asamblea Nacional.

En tanto, el presidente de la Corte Suprema, Harley Mitchell, visitó a los jueces de garantías, tribunal de juicio y los futuros jueces de cumplimiento, que intervendrían en la puesta en marcha del nuevo sistema penal acusatorio en las provincias de Coclé y Veraguas.

“Vamos a seguir trabajando a la sombra del viento”, enfatizó el magistrado Mitchell al comunicarles a los funcionarios la decisión de suspender su entrada en vigencia.

Dejó claro que la implementación de los principios rectores del nuevo Código Procesal Penal, establecidos en la Constitución y que no requieren que el sistema acusatorio entre en vigencia para su aplicación, tales como el debido proceso y la legalidad de otorgamientos de medidas cautelares.

El ministro Mulino también presentó el proyecto de reformas a la Ley 40, que baja de 14 a 12 años el rango de imputabilidad de los menores infractores.