‘Town meeting’ en Panamá

El 50% de Panamá, 750 mil terrenos, no está titulado. En las islas y costas la cifra sube a 70%. En vez de títulos hay derechos posesorios.

¿Por qué es así? Primero, titular era costoso en coimas para funcionarios corruptos. Segundo, no era necesario. En un Panamá sin turismo fuera de la zona de tránsito, las tierras y aguas interioranas eran para la agricultura y la pesca. El interiorano es honesto y reconoce el derecho de posesión.

La tierra sin título no se presta para el desarrollo económico. Sin título, los bancos no financian los proyectos. Cuando llegó el auge de bienes raíces, se le ocurrió a gente de visión que el potencial económico para el interior en generación de inversiones y empleos, y en recaudación fiscal para el Estado, estaría en titular las tierras.

Creció, entonces, un movimiento para la titulación de derechos posesorios. La idea fue debatida durante dos años, y consumada en abril pasado con la aprobación de la Ley 23. Se estableció una tabla de precios para titular derechos posesorios basada en el valor de la tierra antes del auge. Se calculó que los intereses del Estado serían protegidos con los impuestos que podría grabar al empoderar económicamente al campesino.

La Ley 23 gozó del apoyo tanto de la oposición como del gobierno por la sencilla razón de que era tan popular que pocos querían oponerse en un año electivo. Ricardo Martinelli, como candidato, prometió un programa de titulación rápida y masiva. Habló del mismo, al tomar posesión. Treinta días después, el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, anunció que el gobierno derrocaría la Ley 23. El día 1 de octubre entregó a la Asamblea un proyecto de ley para reemplazarla la cual traza un rumbo directamente opuesto. Los precios establecidos por la Ley 23 eran, dijo el ministro, “irrisorios”. Hacía falta una ley nueva para proteger los intereses del Estado. Al parecer, él y Martinelli habían decidido emplear el programa de titulación para generar ingresos directos, en vez de esperar a generarlos indirectamente de la actividad económica que la titulación estimularía. Deja los precios a la discreción del MEF. Ya que el ministro llama a los de la Ley 23 “irrisorios”, hay personas que temen que los nuevos precios los hagan llorar.

El proyecto se escribió sin consultar a nadie fuera del MEF. La Asamblea lo aprobó en primer debate con unos pocos cambios cosméticos. Ni el MEF ni los diputados del gobierno se preocupaban de los que se oponían. Eran pocos y carecían de los recursos de movilizar gente del interior. La gente urbana, que no tienen derechos posesorios ni saben lo que son, no se interesaba. La Estrella ha sido el único diario que ha tratado el asunto con algo de profundidad. Parecía que el proyecto pasaría sin problema. Entonces, de repente, el mismo MEF que no quiso molestarse consultando con panameños, organizó un foro para consultarlo con inversionistas extranjeros. Al abrirlo, el ministro agradeció a las embajadas de Italia, Canadá, y Estados Unidos por su ayuda en coordinarlo. Es posible que su participación se debe a la existencia de tratados bilaterales entre Panamá y varios países que dan al inversionista acceso a tribunales internacionales en caso de expropiación.

La embajada de los Estados Unidos anunció el foro a sus ciudadanos aconsejándolos "aprovechar de esta oportunidad importante de influenciar la legislación que afecta sus derechos de propiedad en Panamá". El ministro aseguró a los asistentes que, después de la presentación del gobierno, podrían hacer preguntas y comentarios. El resultado fue un "town meeting" (reunión del pueblo) al estilo norteamericano, una cosa tan previsible aquí como un "iceberg" en el Lago Gatún.

De los 200 presentes, más de la mitad eran extranjeros con inversiones pequeñas, como hogares de jubilación u hotelitos. Los demás eran abogados panameños que representan inversionistas fuertes. Los primeros eran emotivos, los segundos admirablemente racional, y los del MEF no tuvieron otra cosa sino que escuchar.

Es mucho esperar que el gobierno adoptará la institución del “town meeting”, pero es posible que, en adelante, pondrá más atención a los que sus leyes afectan. A propósito, el viceministro, Dulcidio de la Guardia prometió durante la rueda de prensa que habrá cambios en el texto del proyecto y consultación sobre los precios.