Un reclamo latente

Esta historia tiene que ver con las armas que Estados Unidos dejó Panamá, no durante la invasión sino en los 50 años anteriores. A finales del 2003 el gobierno de Panamá parece haber colgado los guantes al abandonar su justo, legal, moral, e imprescindible reclamo a Estados Unidos de destruir las armas químicas y convencionales vivas que el ejército de ese país dejó abandonadas y esparcidas en territorio nacional.

Tras la propuesta absolutamente inapropiada e insuficiente del 14 de agosto de 2003 que ofreció Estados Unidos al gobierno de Panamá para donar unas pocas herramientas que pudiese usar personal panameño para desactivar siete bombas químicas intactas que yacen al aire libre en Isla San José, nada se ha hecho por adelantar los intereses de nuestro país. Y si el gobierno del presidente Torrijos trató el tema privadamente, evidentemente los resultados no se han visto. El gobierno del presidente Martinelli recién se inicia y no se conoce su posición en este respecto, pero lo cierto es que el tema de la contaminación militar no fue tratado en la campaña política de las últimas elecciones. Hay quienes señalan que el interés de estos gobiernos ha sido quitar del camino cualquier obstáculo a la firma del tratado de libre comercio.

El hecho es que a la fecha existe no menos de tres mil hectáreas de territorio nacional copiosamente contaminadas con armas convencionales abandonadas en las áreas de Emperador, Balboa Oeste, y Piña. Y un número no establecido de armas químicas intactas yace en Isla San José, aunque a la fecha se ha identificado y verificado por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas una bomba de 500 libras y seis de 1000 libras cada una. De lo anterior ha resultado en tierra firme un número de muertos y heridos mutilados de los que no se precisa información exacta porque Estados Unidos por casi cien años controló esos territorios y nunca proporcionó estadísticas de los muertos y heridos; aunque en el Ministerio de Salud reposan unas estadísticas recientes que sugieren al menos quince muertos y más de treinta heridos graves.

La obligación y compromiso de Estados Unidos de eliminar tal peligro de nuestro territorio emana de la Convención de Armas Químicas y del Tratado del Canal de Panamá de 1977. El gobierno de la presidenta Moscoso elevó la demanda a las más altas esferas del gobierno de Estados Unidos y ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, y a pesar de sus esfuerzos perseverantes y responsables, Estados Unidos se mantiene en flagrante violación de la Convención de Armas Químicas, y sin haber cumplido cabalmente el compromiso adquirido por el gobierno del presidente Carter.

Es lamentable que Estados Unidos se aferre a la máxima de Hobbes que el poder confiere la razón, y que el gobierno de Panamá se obnubile por un tratado de dudosos beneficios para nuestro país. Mientras, la contaminación militar sigue como peligrosa amenaza a los panameños.