El problema en Bocas no sólo es laboral

En una interesante y extensa disertación sobre los efectos de la Ley 30, el economista y catedrático universitario, William Hughe, manifestó en el programa radial Hablemos con Panamá que el problema que se dio en Bocas del Toro no ha sido sólo por la reforma a los artículos del Código Laboral, pues aunque las acciones inconsultas tomadas por la empresa Bocas Fruit Company pudieron desencadenar los hechos por todos conocidos, se logró aglutinar a amplios sectores populares y ambientales del país, que actualmente siguen en pie de guerra.

La Ley 30, bautizada también como Ley Langosta, por la forma como nació, comprende tres aspectos conflictivos, lo que a juicio de Hughe fue la causa de la problemática a nivel nacional, y que en el caso de Bocas del Toro pudo ser el detonante de una crisis que, reiteró, no fue exclusivamente laboral, ya que los bocatoreños también cuestionaron lo ambiental y todo lo referente a los derechos que se les atribuyen a las fuerzas policiales del país.

“Bocas ha sido una de las provincias más atacadas en materia ambiental, sobre todo los Naso, los Teribes y los Ngäbe Buglé, toda vez que la hidroeléctrica AES y la ganadera Bocas “han pretendido expulsar a estos grupos de sus tierras”. Aunque no debe olvidarse que ya en varias ocasiones el presidente Ricardo Martinelli señaló su posición a favor de la empresa AES, “pese a que instancias internacionales de derechos humanos han señalado y recomendado al Gobierno la suspensión del proyecto, y que se revalúe la situación hasta tanto no se haga una investigación sobre los efectos que ha ocasionado”.

Hay un fallo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se le recomienda esto al Gobierno, “pero Martinelli dijo que el proyoecto era de interés para el país e hizo caso omiso”.

En cuanto al tema de la Policía, y de los derechos que se les concedieron con la Ley 30, el catedrático aseguró que son detalles que inquietan a las comunidades indígenas del país, no sólo de Bocas del Toro, “porque ellos han sido los que han sacado a los indios de sus tierras, bien porque han aparecido nuevos dueños, o porque han surgido proyectos de interés social, según determine el Gobierno”.

La situación es grave en la medida en que se mantenga la filosofía dictatorial implícita del Gobierno, en su defendida afirmación de que “yo tengo la razón y la mayoría está equivocada y en el futuro me van a comprender y van a entender que la Ley era buena”.

La Asamblea y su actitud dependiente del Ejecutivo no ayudan en esta coyuntura. Tampoco ayuda la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que a pesar de haber recibido al menos tres denuncias de inconstitucionalidad por la Ley 30 “mantiene un silencio cómplice”.

Al final, acotó el educador, lo que se debe defender es el derecho a la vida, que es lo más importante para toda sociedad.