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05 de Mar de 2021

Nacional

Intereses colombianos en apertura del Tapón

PANAMÁ. Una de las causas fundamentales del movimiento separatista de 1903 fue el interés particular de la gran nación suramericana de s...

PANAMÁ. Una de las causas fundamentales del movimiento separatista de 1903 fue el interés particular de la gran nación suramericana de sacarle el máximo provecho al Istmo a costa de las necesidades de los panameños. Más de un siglo después, ese particular interés en muchas mentes del vecino país sigue incólume.

Nuestros vecinos no ocultan en lo más mínimo su interés por impulsar la conexión de ambos países a través de la selva darienita. Mientras que aquí la idea parece un chiste de mal gusto por las connotaciones que esta empresa traería (el país está invadido por ciudadanos de esa nación muy ligados a actos delincuenciales), en la actualidad, tres proyectos siguen en discusión por parte de comisiones binacionales. La interconexión eléctrica, la construcción de la carretera Panamericana y la firma de un tratado de libre comercio. En todos los casos, hay un ‘detalle’ que impide que se materialicen los proyectos: la apertura del llamado Tapón del Darién.

Para nadie es un secreto que la construcción de la carretera impacta negativamente en la biodiversidad de la zona, aunque para los colombianos esto representa un obstáculo en las aspiraciones de comercializar sus productos con Centro y Norteamérica por la vía terrestre.

Desde 1925, cuando se realizó el primer Congreso Panamericana de Carreteras, Colombia ha participado y defendido el proyecto. Más recientemente, en febrero de 2009, el entonces presidente Álvaro Uribe participó en la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa, donde insistió en esta necesidad colombiana. ‘A los delincuentes no les gusta esta vía, a ellos les gustan los caminos traviesos, los atajos’, dijo Uribe. La Estrella contactó al ex mandatario vía electrónica, pero no respondió.

Voceros de la Embajada de Colombia en Panamá informaron que este es un tema que no aparece en la agenda del presidente Juan Manuel Santos.

Entre tanto, el empresario Guillermo Gaviria Echeverri, director de El Mundo de Medellín, es otro de los propulsores de esta idea. En agosto de 2006, Gaviria Echeverri expuso sobre el tema en el XXVIII Congreso Nacional de Ingeniería que se realizó en su natal Medellín y en uno de sus editoriales en el 2010 envió un mensaje al presidente Ricardo Martinelli: ‘Cuente con nosotros en lo que podamos ayudar para demoler esos prejuicios infundados, promovidos por una minoría fundamentalista’.

INTERESES COLOMBIANOS

Mientras el gobierno panameño no define el tema (Martinelli prometió que llevaría el tema a consulta popular), consorcios y grupos políticos que apoyan el proyecto han optado por ingresar al país por la vía legal para gestionar y presionar desde acá para que la misma se haga efectiva.

En medio de este panorama aparece la estatal colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM), instalada en Panamá para iniciar la construcción de la hidroeléctrica del Caribe en Bocas del Toro.

Aún no se seca la tinta del contrato firmado para formalizar la compra por 135 millones de dólares de la Empresa de Distribución de Energía Electra Norestre, S. A. (ENSA), ahora en manos del grupo EPM.

A juicio de los entendidos, la presencia del grupo colombiano en el istmo labra el camino para la concreción del proyecto de interconexión eléctrica.

Como están las cosas, esta interconexión se haría vía submarina por la comarca Kuna Yala por el obstáculo que propone el Tapón del Darién para el desarrollo de la misma.

Tratamos de conocer, por vía correo electrónico, la versión de la empresa; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.

Como si fuera poco, y según registros de la Cámara Comercial Colombo-Panameña, actualmente hay más de 50 mil empresas colombianas registradas en Panamá, cuya inversión alcanzan los 2 mil millones de dólares en los últimos años. Todo este dinero representa un aumento en la población colombiana residente en Panamá, de unos 100 mil, sin contar con los que cruzan la frontera y permanecen en el país ilegalmente.