Rechazan el alza del pasaje y de la comida

PANAMÁ OESTE. Que se derogue el decreto que estipula el aumento del pasaje, que se aumente el salario mínimo y que el Hospital Regional Nicolás A. Solano sea elevado a categoría tres, fueron algunas de las peticiones que expresaron los dirigentes de la Unidad de Lucha Integral del Pueblo (ULIP), durante la marcha realizada el pasado jueves en La Chorrera.

El profesor Carlos Villa, dirigente de la ULIP, dijo que con esta marcha se logró que el pueblo de La Chorrera se manifestara en la calle en contra de este injustificado aumento del combustible que ha provocado, a su vez, no solo el alza del pasaje sino de todos los alimentos.

Los manifestantes tienen planeado presentar ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto, como ocurrió en el 2005, ya que no se hizo la consulta pública. Además, se anunciaron nuevas protestas para la próxima semana.

Tras la marcha —que partió desde Plaza Italia hasta el Parque Feuillet en La Chorrera— los participantes realizaron un mitin que contó con la presencia del profesor Juan Jované, quien señaló que la última estadística que maneja es que desde que subió este gobierno el costo de la canasta básica ha subido 17 dólares para una familia de cuatro personas.

‘El problema en Panamá es que el encarecimiento de la comida proviene en que un pequeño grupo de empresarios controlan tanto la importación como la comercialización de alimentos y el 60% del precio del petróleo tiene un origen especulativo’, acotó Jované.

Las acciones de ULIP van mucho más allá de esta marcha porque ellos están pidiendo a la población que se abstenga de pagar el aumento inconsulto del pasaje, porque si el gobierno habla de tanta plata, no es justo que sea el pueblo el que tenga que cargar con el aumento de la tarifa.

Los manifestantes señalaron, además, que en el caso de los educadores que tienen que trasladarse a otras provincias para desempeñar sus funciones para poder llevar el pan a sus hijos y sus familias, también se ven perjudicados porque si acá están llorando por un real, cómo se pueden sentir los educadores que vienen de Chiriquí y Bocas del Toro, entre otras provincias.