¿Qué hay bajo la hidroeléctrica CHAN-75?

PANAMÁ. En el Juzgado Noveno del Primer Circuito Judicial descansa desde el 30 de diciembre del año pasado la vista fiscal N°405-2010 por delito contra el ambiente, interpuesta por Donaldo Sousa Guevara, presidente de la Asociación Ecológica y de Derecho Ambiental de Panamá, según la cual los imputados —funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y representantes legales de la empresa Consultores Ecológicos— falsearon el estudio de impacto ambiental del arqueólogo Carlos M. Fitzgerald para dar vía libre a la construcción del tramo de carretera Río Riscó a Sitio Presa del proyecto hidroeléctrico CHAN-75.

Tras inspeccionar las rutas de acceso, campamentos y ejes de presa del proyecto, el arqueólogo informó —en octubre de 2006— que cerca del Valle del Riscó ‘se identificaron tres yacimientos precolombinos y dos zonas con potencial arqueológico positivo’ considerando finalmente que ‘los hallazgos son significativos…’. Se trataba de recursos que constituían la memoria de los pueblos. ‘Al construir la represa se destruyeron los vestigios que permitían conocer y entender el impacto de la acción humana en este espacio’, afirma la ambientalista Raisa Banfield.

Las manifestaciones no se hicieron esperar. El arqueólogo Álvaro Brizuela pidió que se realizara un plan de rescate y un año después, en noviembre de 2007, el diario La Prensa publicó un artículo en el que informaba de que la ANAM ‘confirmó que la empresa AES no había presentado un plan de rescate’. Sin embargo, dieron vía libre al proyecto.

3 ESTUDIOS, 2 VERSIONES

El estudio de Fitzgerald fue realizado tras una petición oficial

. ‘Esta dirección ha determinado no aprobar el EIA Construcción y Operación de la Central Hidroeléctrica Chan-75 hasta que se realicen los estudios arqueológicos correspondientes’, decía la nota que Domingo Varela, entonces director nacional de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura, le envió a la jefa del Departamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la ANAM, solicitando un segundo estudio en una cadena de investigaciones que empezó en marzo de 2005, cuando el primer estudio de impacto ambiental del proyecto, firmado por funcionarios de la ANAM, demostraba la existencia de sitios de valor arqueológico en el lugar.

Pero el tercer estudio, realizado por la empresa Consultores Ecológicos, contradice los anteriores: ‘en el área de influencia directa del proyecto que correspondió con uno de los transeptos estudiados, coincidiendo en su mayor parte con el trazado de la futura carretera (...) no registró ningún hallazgo de materiales culturales significativos para este sector...’.

Esa contradicción y el hecho de que la ANAM conociera la existencia de vestigios arqueológicos en el área desde el 2005 ‘demuestran que al permitir la construcción de la hidroeléctrica CHAN-75 se incurrió en el delito de falsedad en documento público, generando un grave daño al ambiente y las futuras generaciones’, afirma Donaldo Sousa.

Cuando el lector se pregunta ¿por qué sucede esto?, los especialistas contestan: porque no existe una política de Estado a favor del desarrollo sostenible, que contemple la riqueza natural y la cultura indígena, nuestra historia étnica. Por eso a la hora de aprobar proyectos multinacionales no importa avasallar pueblos, intervenir bosques, destruir restos arqueológicos. La inversión hidroeléctrica es un negocio tan bueno que se valora por encima del desarrollo de una población y de su patrimonio histórico. ‘El problema es que en Panamá hay un marco regulatorio tan débil que prácticamente le permite a la empresa hacer lo que quiera’, concluye Raisa Banfield.

Después de cinco años de ignorar los estudios, dar vía libre a la construcción y arrasar los restos arqueológicos que algún día existieron bajo la hidroeléctrica, la fiscal Ruth Morcillo Saavedra recomendó el llamamiento a juicio para los funcionarios de la ANAM: Bolívar Zambrano y Diana Velasco; y los representantes legales de Consultores Ecológicos, S.A. La entonces administradora de la ANAM, Ligia Castro, y los representantes de la empresa AES no fueron llamados a juicio. Según Saavedra, ‘hay pruebas suficientes para hacerlo’.

La Estrella intentó contactarse con Ligia Castro, pero no fue posible.