Persecuciones y despidos en CSS

PANAMÁ. José Alba, vicepresidente, y Carlos Baltazar, su suplente, fueron destituidos de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) mediante el Decreto Ejecutivo N° 882 del 17 de agosto de 2011, firmado por el ministro de Salud, Franklin Vergara y el mandatario Ricardo Martinelli. Se argumenta allí que la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep) tenía una morosidad en la cuota obrero patronal con la institución (1,900 dólares que fueron a Juzgado Ejecutor).

Alba es representante de los trabajadores públicos, empleado de la Asamblea de Diputados y Baltazar es representante de los gremios magisteriales (que no aceptaron sentarse a negociar en la Concertación Nacional, como indicó la ministra de Educación, Lucy Molinar).

El exvicepresidente Alba señala que estos casos son persecuciones , puesto que el 11 de agosto durante la plenaria el solicitó la renuncia de Guillermo Sáez Llorens, director de la CSS, de Marlon de Souza, subdirector, y del Ministro de Salud, Franklin Vergara, por las muertes por la bacteria KPC.

Alba también se manifestó cuando los gremios médicos emplazaron a Vergara y Sáez Llorens por la falta de insumos, de medicamentos y las infraestructuras en malas condiciones para brindar la atención médica.

‘Nosotros viajamos Changuinola para investigar las 50 muertes perinatales y las 6 maternas que la doctora Ruth Torres había dado a conocer en un informe enviado al director de prestaciones de Salud, Javier Díaz.

Carlos Ayala Montero, asesor legal de Fenasep, interpuso ayer un recurso de nulidad del Decreto 882 en la Corte Suprema de Justicia. ‘El Decreto se hizo el 17 de agosto y se publicó en la Gaceta Oficial ese mismo día, lo que no es normal en estos casos’.

Juan Jované, exdirector de la CSS, considera que estas destituciones se dan para reemplazarlos por gente cercana al gobierno y lograr el control totalitario de la Junta Directiva. ‘ Es ridículo que busquen una deuda morosa como causal cuando los patrones de esos funcionarios son ellos mismos, el Estado. El trabajador no tiene la culpa de que el patrono no pague las cuotas’.

‘Con esto obligan a presentar una terna nueva para reemplazarlos y aceptarán personas allegadas’, vaticina el profesor.

Yadira Pino, secretaria de la Asociación de Educadores Veragüenses, también califica la acción como una maniobra política para hacerse con el control de la CSS.