‘Capaces causa lesión patrimonial’

PANAMÁ. La empresa Capaces por asesorar en la recaudación de los impuestos en el Municipio de San Miguelito se aseguró una suma de $2.7 millones divididos en pagos anuales durante los 13 años de contrato sin sumar los 53 centavos por cada dólar recaudado cuando los ingresos sobrepasen el monto histórico ($5.5 millones); en Arraiján, donde también suscribieron contratación, recibirá $1. 2 millones más la comisión de 53 centavos por dólar y en Colón ganó este contrato, salvo que en vez de 53 centavos cobra 20.

Estas contrataciones -calificadas como lesiones patrimoniales por tesoreros municipales- deben ser objeto de una investigación por parte del Ministerio Público del papel que realiza la Contraloría en estos casos, señala el abogado Miguel Antonio Bernal.

Pero Bernal no el único que califica como demasiado oneroso estas comisiones y mensualidades que recibe Capaces. Las tesoreras municipales Shayrott de Herrera, de San Miguelito y Lilia Mejía, de Arraiján, cuestionan los porcentajes pautados en estos contratos. ‘Mientras más pasa el tiempo, los municipios más le debemos a Capaces por un trabajo que no está realizando porque las cuentas las cobramos nosotros’, cuestiona Mejía.

De Herrera, por su parte, adelanta que se pedirá a los consejales revisar los puntos del contrato, para bajar las dos modalidades de pagos a Capaces.

‘Quiero que alguien me entienda que un sistema linux no cuesta 1.2 millones de dólares, lo que ellos nos cobran por el 3.75 de la recaudación histórica, o es que es un sistema para la Nasa. A ese contrato no le veo ningún sentido’, pregunta Mejía.

Bernal recomienda que se investigue para determinar quienes se benefician con estos contratos: ‘aquí hay gato encerrado que perjudica a municipios que tradicionalmente son subsidiados por el gobierno central.

Mientras la polémica continúa por estos contratos ‘leoninos’, el dueño de Capaces, Carlos De Bello, asegura que cumple el contenido del contrato y poco más, porque asegura que ha realizando inversiones millonarias en equipos informáticos y en construcciones de ventanillas que no estaban incluidas dentro de sus obligaciones.