Denuncia penal por lío de tierras

PANAMÁ. Incendiarismo, saqueo, violación de propiedad privada, desalojo ilegal, violación del debido proceso, agresión física y abuso de autoridad son algunos de los delitos que mencionó Daniel Ayora, ayer cuando compareció a la Personería de Bocas del Toro, donde pidió que se investigue a las autoridades a las que responsabiliza de todas estas anomalías.

Ayora acusó de estos delitos principalmente al corregidor del Laurel, Dionisio Chuito, quien supuestamente ejecutó el desalojo; y al alcalde de Bocas del Toro, José Anderson, quien presuntamente impartió la orden de desalojarlo de su propiedad.

Solicitó, además, que los responsables sean separados de los cargos que ocupan y se les sancione penalmente por los supuestos delitos en que incurrieron.

RECLAMA INDEMNIZACIÓN

El demandante espera que las autoridades emitan lo más pronto posible un fallo penal favorable a sus reclamaciones para, posteriormente, presentar una denuncia civil y que el Estado le pague una indemnización por todos los bienes que fueron destruidos más los daños y perjuicios.

Ayora era propietario del resort Rana Verde en la isla Cayo de Agua en Bocas del Toro, el cual fue destruido el 2 de septiembre presuntamente por órdenes del alcalde Anderson.

Paralelamente, el gobernador de la provincia, José Brown, quien está enterado del caso desde antes de que se dieran los hechos, ha convocado a su equipo de asesores legales a una reunión con los representantes de la Defensoría del Pueblo para determinar las acciones a seguir.

Brown había impartido órdenes para que el desalojo no fuera ejecutado.

Ayora alega que no había derecho a a desalojarlo, pues pagó por las tierras y menos para destruir los bienes de su propiedad.