Nueva polémica por ley minera

PANAMÁ. El gobierno panameño no pretende restringir la inversión estatal extranjera en la actividad minera local.

A sí se desprende de la nueva propuesta para revivir el Código de Recursos Minerales (proyecto 394), derogado en mayo pasado tras profundos conflictos entre el gobierno Martinelli y los indígenas. Irónicamente, el tema de la inversión extranjera fue el que provocó intensas protestas en Chiriquí.

La iniciativa —presentada por el diputado de Cambio Democrático Raúl Hernández— sólo limita la inversión minera a ‘funcionarios que directa o indirectamente tuviesen que intervenir en la adjudicación, operación o explotación minera’ y que hayan renunciado en menos de un año.

Así mismo, a personas que estén en mora con el Fisco Nacional.

Para la dirigente ambientalista Raisa Banfield, la propuesta sólo tiene una descripción: preocupante. Según dijo, ‘quieren decirnos que esto resuelve el vacío legal de la derogación, pero no es así. Esto es sólo un maquillaje’.

En tanto, para el diputado opositor Jorge Alberto Rosas el proyecto dejaría a discreción del Ejecutivo establecer a quién le entregaría las concesiones. Hoy por la tarde empezará el proyecto su camino legislativo.