Estamos bajo la mira internacional

La resocialización de los adolescentes es un compromiso del país, con la democracia y con los derechos humanos. En esta época, queremos expresar como el verdadero sentido de la Navidad, el valor de la dignidad humana, el derecho a la justicia y el vivir una vida digna con igualdad de oportunidades y equidad, sin distingo alguno, por ello nos resulta oportuno, a casi un año de la tragedia en el centro de cumplimiento para adolescentes sancionados penalmente, cuestionarnos con preocupación la deuda social y moral que tiene la sociedad adulta, las autoridades y las instituciones responsables, para con las personas menores de edad, en la vigencia y efectividad de todos sus derechos, reconocidos en la Constitución y en los Tratados de Derechos Humanos vinculantes y obligatorios para el país, que se considera democrático, igualitario y participativo.

Para los adolescentes que enfrentan conflictos con la ley penal, estos instrumentos consagran específicamente el derecho a su inserción socio-familiar, mediante un proceso de educación y formación, aplicando fórmulas de justicia especializada y restaurativa, que le brinde oportunidades efectivas para alcanzar su desarrollo integral y poder asumir una vida responsable y constructiva en la sociedad, (ver los arts. 29, 37 y 40 de la CIDN). Este es el objetivo de la resocialización, que exige adecuadas estructuras, planificación, organización y recursos materiales y humanos, es decir, respuestas con calidad, con estándares mínimos que garanticen la efectividad de este proceso, que no es nada fácil, por la realidad social que viven más del 96% de estos jóvenes, a quienes no se les provee de sus necesidades humanas básicas.

Hoy las preguntas siguen siendo, por qué no se cumple esta responsabilidad, por qué las respuestas no tienen la inversión necesaria en todos los niveles de actuación que se requieren, por qué no reconocemos que las cárceles no son respuestas resocializadoras. Mi respuesta es una, una sociedad represiva, sin cultura de derechos, toma el atajo fácil, que encumbre su propia responsabilidad frente a la injusticia y a la inequidad: son delincuentes y merecen castigo (lo que puede ser cierto); pero la sociedad incapaz de reconocerles dignidad humana. Panamá hoy es cuestionado por distintos organismos internacionales, el Comité Internacional de los Derechos del Niño, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Defensa Internacional de la Niñez, entre otros, como uno de los países en los que por un lado, sus autoridades y los políticos promueven movimientos legislativos de contra reforma a las leyes especiales de justicia penal juvenil, argumentando su falta de eficacia o muy blandas, y siempre dirigidas al aumento de las penas privativas de libertad, la extensión de los términos de la detención preventiva, el desconocimiento o merma de la garantías procesales y penales, exclusión de las sanciones de carácter socioeducativas (éstas aún sin una estructuración científica como corresponde) y la rebaja de la edad mínima de responsabilidad penal, o que en determinadas conductas delictivas sean juzgados como adultos, sin embargo y, por otro lado, a más de 10 años de la vigencia de la Ley 40 de 1999, que regula el régimen penal especial para la adolescencia, sus estructuras, instituciones, planes y programas para su completa implementación, aún no se alcanza en su totalidad, ni con calidad, sin que se cuestione el injustificado incumplimiento, y que a la fecha se haya reformado más de seis veces, estas son las pruebas contundentes que demuestran la falta de capacidad y de responsabilidad en el abordaje de tan importante tema de derechos humanos, pese algunos avances realizados, estos no son suficientes y por eso estamos comprometidos con la participación ciudadana en la defensa de derechos y la dignidad de todos los seres humanos, especialmente de la niñez y la adolescencia como grupo de la población que enfrenta factores de vulnerabilidad por su proceso de desarrollo evolutivo, en el cual, es la propia sociedad adulta la que transmite modelos de conducta, principios y valores, como responsables de su educación y formación.

EXPERTA EN DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. EX MAGISTRADA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA