Entregan informe de violaciones en protesta indígena a procurador Ayú Prado

La Alianza Ciudadana Pro Justicia, grupo de la sociedad civil, presentó este lunes ante el Ministerio Público el Informe que detalla que halló al menos 15 tipo de violaciones a los Derechos Humanos en la protesta de los indígenas contra la minería e hidroeléctricas en Chiriquí y áreas aledañas.

Aresio Valiente, miembro de la agrupación, acompañado de representantes de distintas organizaciones que participaron en la creación del infome, presentó el documento.

En el informe, que publicó LaEstrella.com.pa, el pasado viernes 3 de marzo, en el entamientos entre indígenas y antimotines, los expertos entre los hallazgos fundamentales indican que hay indicios que gran parte de los manifestantes eran mujeres y menores de edad, ya que familias enteras bajaron de sus comunidades hasta los puntos de movilización.

Asimismo, comprobaron que no existen indicios que las personas convocadas por la Coordinadora indígena y las autoridades tradicionales hayan utilizado armas letales.

El informe expresa que existen indicios que el Estado panameño, además de medios y procedimientos para el control de multitudes y disturbios civiles, "utilizó tácticas militares y armas letales, o armas no letales en forma letal".

Confirman el abuso de la Policía Nacional. Validan que se utilizaron buses del Ministerio de Educación (MEDUCA) "para privar de libertad, maltratar y trasladar a los centros de detención" a las y los indígenas detenidos.

El documento, fue elaborado por un equipo de investigación de grupos como la Comisión de Justicia y Paz, Alianza Ciudadana Pro Justicia, Centro de Estudios y Accion Social Panameño (CEASPA), en una gira del viernes 10 al lunes 13 de febrero de 2012.

La abogada Magaly Castillo secretaria ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, dijo que el informe es avalado por la mayoría de las organizaciones de Derechos Humanos en Panamá, el Comité Ecuménico de Panamá -que reune las iglesias cristianas en Panamá- y la Iglesia Católica, a través de la Comisión de Justicia y Paz.

La investigación confirma la denuncia hecha por La Estrella, en unos reportajes sobre la violación carnal de por lo menos 2 mujeres indígenas, una de las cuales fue presuntamente en perjuicio una menor de edad.