Las contradicciones que inundan a Barro Blanco

PANAMÁ. Desde que el nombre de Barro Blanco saltó a la luz pública en medio de las protestas indígenas en contra de la minería e hidroeléctrica, mucho se ha hablado de Generadora del Istmo, S.A. (Genisa).

La empresa desarrolla el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco sobre el río Tabasará, que es el nudo en la garganta en el diálogo entre indígenas y Gobierno para la creación de una ley especial que prohíba la minería e hidroeléctricas en la comarca Ngäbe Buglé.

Las discordancias del proyecto no solo se limitan a las posiciones de los indígenas y el Gobierno. Hay documentos públicos que contradicen informaciones dadas a conocer por la empresa y hasta por las propias autoridades gubernamentales.

CONTRADICCIONES

En palabras de directivos de la empresa e informaciones que reposan en las instituciones públicas, el proyecto inundará 234 hectáreas, de las cuales 6.8 son terrenos de las áreas anexas de la comarca Ngäbe Buglé. Sin embargo, en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hay documentos que señalan que la cantidad exacta a inundar es de 258 hectáreas.

Una diferencia de 24 hectáreas que hasta el momento la empresa obviaba. Las 258 hectáreas están registradas en los documentos que la empresa presentó ante el Comité Ejecutivo del Mecanismo de Desarrollo Limpio de la ONU para aplicar por los créditos de carbonos.

La documentación también revela otra cifra que en el país era desconocida. El nivel de inundación es de 108 metros por encima del nivel del mar y no 103 metros, como lo han indicado los directivos de Genisa.

Para los conservacionistas, estas diferencias tienen su génesis en las modificaciones que la Autoridad Nacional del Ambiente aprobó, mediante una adenda al estudio de impacto ambiental, y al contrato de concesión en la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP).

Entre las modificaciones están el aumento de la altura de la presa de 42 metros a 61 metros y la capacidad de producción de energía de 19 a 28.84 megawatt.

‘Esos cambios ameritaban la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental y no una adenda’, reclamó Félix Wing, director del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).

Julio Lasso, director de Proyectos de Genisa, dijo que no hay diferencias entre las cifras de las áreas inundadas, sino que cuando se habla de 258 hectáreas se incluye el cauce del río.

En cuanto a los niveles del agua, Lasso alegó que el nivel de operación siempre será 103, pero el proyecto tendrá un nivel máximo de 108 metros.

Lo cierto es que los documentos en la ONU contradicen las versiones de Lasso. La empresa aplicó en dos ocasiones para los créditos de carbonos: en la primera ocasión lo hizo en base al diseño original en la que se produciría 19 megawatt.

‘La superficie del depósito [de agua] que debe ser producido por la presa como resultado de las operaciones no excederá de 234 hectáreas, que incluye la superficie ocupada actualmente por el río Tabasará’, se lee en el documento.

En la segunda aplicación que hace y con el proyecto modificado el documento dice: ‘la superficie del depósito [de agua] que debe ser producido por la presa como resultado de las operaciones no podrá exceder de 258,67 hectáreas, que incluye la superficie ocupada actualmente por el río Tabasará’.

En ambas documentaciones, la empresa señala que las hectáreas inundadas incluyen la cuenca del río.

‘No hay diferencia entre la información presentada, simplemente están comparando informaciones distintas’, insistió Lasso.

En medio de estas contradicciones a Óscar Sogandares, de la Asociación Ambientalistas de Chiriquí, le salta una inquietud por las áreas comarcales.

‘Lo curioso es que los promotores siguen utilizando la misma cifra —6.7 hectáreas de tierras comarcales— cuando se refieren al embalse de 258.67 hectáreas’, dijo.

Sogandares calculó que las áreas comarcales afectadas aumentarán a 7.4 hectáreas.

‘Si aumentan en nivel del agua y las áreas inundadas, es obvio que las afectaciones a áreas indígenas van a aumentar’, agregó Wing.

El pasado miércoles 7 de marzo, la empresa publicó un anuncio según el cual el proyecto incrementó su producción por el rediseño de sus turbinas y de las tuberías. ‘El incremento no involucró modificaciones al tamaño de la presa ni aumento del nivel de operación’, recalcó el anuncio.

OTRAS REVELACIONES

Uno de los aspectos que más han resaltado los directivos de Genisa es que el proyecto no afectará comunidades indígenas, por lo que no habrá necesidad de reasentamientos. Sin embargo, en la ASEP hay, por lo menos, cinco procesos de ‘adquisición forzosa’ en contra de indígenas.

Pero no es todo. En un estudio socioambiental que la empresa realizó a solicitud de bancos europeos para el posible financiamiento del proyecto hay detalles de las comunidades indígenas afectadas. En la página 38 del documento, se lee: ‘cuatro comunidades indígenas se encuentran en la zona de impacto del proyecto: Cogle, Palomar, Quiabda y Quebrada Caña. (También, una comunidad latina llamada Nancito)’.

Todo esto, a pesar que tres directivos de Genisa (Aldo López, gerente general; Juan Ramón Vallarino, asesor legal; y Lasso) afirmaron en una reunión con periodista de La Estrella que ‘en todas estas áreas no reside nadie, tampoco se realiza actividades ganadera y agrícola’.

El estudio socioambiental señala que ‘gran parte de la tierra alrededor del proyecto es de propiedad privada y utilizada para agricultura y pastoreo de subsistencia’.

Las inquietudes de los ambientalistas también están relacionadas con las afectaciones a la fauna.

A Wing y Sogandares les preocupa fundamentalmente la ‘rana de lluvia del Tabasará’, que es una especie endémica y en peligro de extinción.

La empresa, tranquila. El estudio socioambiental señala que no afectará ninguna especie amenazada o en peligro de extinción, a pesar que reconoce la tala de árboles para el embalse. En este renglón también hay contradicciones.