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Actualizado
- 13/03/2012 21:42
Creado
- 13/03/2012 21:42
Quienes pensaban que Gustavo Pérez no sería oficializado en su nuevo cargo, se equivocaron.
Quienes pensaban que Gustavo Pérez no sería oficializado en su nuevo cargo, se equivocaron.
Pese al rechazo, su nombramiento en el Consejo de Seguridad Nacional del Estado fue anunciado por el Consejo de Gabinete este martes y horas después publicado en Gaceta Oficial.
El Decreto Ejecutivo 213 de 13 de marzo de 2012, contiene la designación de Pérez, director de la Policía Nacional hasta este miércoles que hace el traspaso de mando a Julio Moltó.
Se trata de la Gaceta 26992-B, de martes 13 de marzo de 2012, que explica que Pérez cobrará un salario de 3 mil 500 dólares y 3 mil 500 más de gastos de representación.
El artículo único del documento, que lleva la firma del presidente Ricardo Martinelli y el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, sostiene que el cargo es "secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional". Es una designación dentro del Ministerio de la Presidencia.
De forma paralela, Moltó, que tenía el puesto que ahora asumirá Pérez, tomará las riendas de la Policía mediante el Decreto Ejecutivo 159 de 13 de marzo de 2012, salido en la Gaceta 26992-B.
La norma lleva estampada la firma de Martinelli y del aún ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino.
Martinelli había anunciado la rotación de Moltó y Pérez el domingo 11 de marzo y fue rechazada por la sociedad civil, que considera a éste último como violador de la Constitución Política.
Pérez rechazó públicamente el 8 de marzo pasado la propuesta de un tribunal disciplinario que juzgue a policías; Mulino, su jefe, escribió una carta a Papadimitriu salvando su responsabilidad, pero al apoyarse a Pérez renunció irrevocablemente al cargo al día siguiente.
Pérez dijo a los medios: "Policía tiene que juzgar a policía" y que "ya hablamos con el señor ministro (Mulino), ya está claro y sabe que ese proyecto no va".
La Asamblea Ciudadana rechazó el nombramiento de Pérez, en un comunicado y exigió que sea investigado "ante la violación de sus deberes de funcionario público".
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