Corte Suprema falló contra destitución en la Policía

PANAMÁ. En el Juzgado Undécimo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá descansa desde el 23 de agosto del año pasado la sentencia # 145-11, donde declaran al Subcomisionado Omar Renteria: responsable por el delito de injuria y prejuicio contra el Subcomisionado Demostenes Batista, destituido de la Policía Nacional en enero de 2007.

Así, sale de nuevo a la luz pública esta historia que tuvo origen cinco años atrás, cuando Batista, el entonces Jefe de seguridad de La Joya, fue acusado de complicidad en al menos 13 casos defuga.

En medio del caos generado en la Policía por las recientes destituciones ilegales, basadas en el artículo 184, que llevaron al cambio de dirección: de Pérez a Moltó, Batista decide hablar y demostrar que no es la primera vez que en la Policía se pasan por alto el debido proceso. La génesis de su despido es un informe cuyo supuesto autor, el hombre que lo firmó, asegura que lo hizo por equivocación.

LA GÉNESIS

Remontándose al 23 de diciembre del año 2006, Demostenes Batista recuerda que fue enviado a vacaciones acumuladas en su totalidad, luego de 5 meses de ejercer funciones como Jefe de Seguridad en La Joya. Allí empezó su odisea.

‘Cuando eso sucede ya sabes que estás afuera’, dice el Subcomisionado, que fue relevado en el puesto por el Subcomisionado Omar Renteria, quien según testimonios, el 25 de diciembre ya tenía en su poder un informe donde constaba que Batista era responsable de al menos 13 fugas en el centro penitenciario.

Al darse cuenta, Batista inquiere a Renteria. Informe en mano, va a su oficina y le dice:

- Tengo este documento que supuestamente tu vas a firmar. Nada de lo que dice aquí está comprobado porque no es cierto, si firmas me metes en un problema y sin pruebas te metes en problemas tu, porque yo no soy culpable de estas fugas.

Renteria dijo que él nofirmaría nada. Batista se fue sabiendo que cualquier cosa podría pasar. ‘Ya querían mi cabeza’, dice. Cuando Roberto Mirones, ex Director de la Policía: ‘me mandó a La Joya, sabía que yo estaba preparado para funciones donde ya había demostrado excelente capacidad, pero prefirió dejarse usar por unidades que estaban pasándome factura por anteriores destituciones’.

Finalmente Renteria firmó y el 27 de diciembre el informe estaba en el despacho de Mirones.

Gustavo Pérez padre informó en su momento a La Prensa que en efecto, ‘la solicitud de destitución contra Batista era injusta e injustificada’, y coincidió con el subcomisionado en que detrás de este asunto había ‘una retaliación por las destituciones por corrupción que se ejecutaron durante su gestión, entre el 2004 y el 2005’, y que afectaron a médicos, trabajadores sociales, policías y abogados, ‘apadrinados por y amigados con...’, concluye Batista.

EL PROCESO

El 3 de enero de 2007 salió un articulo donde data que: de acuerdo con el informe confeccionado por el Subcomisionado Renteria, encargado de la investigación interna, Batista era el responsable de 13 fugas que ‘pudieron evitarse si las directrices emandas hubiesen enmarcado la parte de seguridad’. A partir de allí empezó la lucha entre Batista y los funcionarios policiales.

El 6 de enero Batista interpone una querella por calumnia. El proceso se detiene porque a su vez Mirones interpone 11 denuncias por complicidad en las fugas y peculado.

Repentinemente, el 18 de enero se da la orden de interrumpir las vacaciones y Batista es llamado a Junta Disciplinaria. Una abogada que recibió el expediente a la entrada y que según el afectado, no emitió ninguna palabra durante la junta, sirvió como defensa: ‘ya todo estaba preparado’, dice. ‘Simplemente me leyeron los cargos y me dieron la destitución’. Como la mayoría de denuncias eran anónimas, Batista pidió que se realizara una investigación más amplia, basándose en el principio de presunción de inocencia que en su caso, ‘no fue tomado en cuenta’. Este beneficio le fue negado y el Subcomisionado fue relegado de sus cargos en la Policía Nacional, pero aún no lo destituían.

Fue enviado a la Estación de Paraiso, donde ‘sintiéndome frustrado porque me trataron como si fuera un desecho, después de ejercer una labor intachable, decidí seguir con mis procesos penales hasta el final’, recuerda el Subcomisionado, que salió de la Policía Nacional en julio de 2008, después de 23 años de servicio.

UNA INJURIA EVIDENCIADA

Con la dignidad característica de quienes luchan por sus derechos vulnerados, empezó a enfrentar cada uno de los cargos en su contra: sobreseido, sobreseido, sobreseido. ‘Uno por uno, fui saliendo sobreseido y eso me dio fuerzas para seguir y demostrar mi inocencia’, porque: ‘cuando eres inocente peleas y no te interesa con quien te enfrentes, sabes que al final la verdad saldrá a la luz’. Muestra de ello: ‘el primer causante evidente de mi destitución ya cayó’.

Una vez finalizados los procesos en su contra, con total certeza de su inocencia, Batista reabrió su caso y empezó la querella.

Omar Renteria fue llamado a rendir declaración y consta en las fojas 161 a 163 del expediente, que él: ‘no confeccionó el informe’ mediante el cual destituyeron a su compañero. Pero la firma es suya. En esta encrucijada el Subcomisionado admitió que firmó pero sin saber qué. Según su versión el documento estaba traspapelado. Esto podría ser verídico de no existir una nota remitoria, también firmada por él, que acompañaba el informe. Él, respondió que no sabía, que no podía dar certeza de ello.

Fue así como, sin saberlo, Omar Renteria firmó un informe por el cual destituyeron de la Policía, sin el debido proceso, a Demostenes Batista y éste a su vez decidió llevar hasta las últimas consecuencias su caso para limpiar su nombre.

Según fuentes que prefieren no revelar su nombre, Renteria aún no se ha presentado a cumplir con los cargos. Está reuyendo.

Teniendo en cuenta las confesiones y la caja de Pandora que abrieron las últimas destituciones ilegales de policias, viene la pregunta: ¿Por qué la Dirección de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional (DRP) no hizo las respectivas investigaciones en su momento, evitando así cinco años de procesos judiciales y una destitución injusta?

Las preguntas siguen abiertas y las historias siguen saliendo a la luz pública.

Ante casos como el de las mujeres de La Chorrera, que experimentaron abuso policial el pasado 9 de marzo y sobre el cual la DRP se pronunció, empezando las investigaciones ¿Qué se debe esperar?