Un ‘cambio’ que vive de sobresaltos

PANAMÁ. Ricardo Martinelli bajó la cabeza y sudó frío. Afuera un mundo estaba airado por sus decisiones y él lo sabía bien: quería pasar una ley que acomodara el negocio minero, y los indígenas ngäbes, entregados en las calles, se negaban. En medio estaba el patrimonio natural del país y, por eso darían la vida. Y la dieron.

Martinelli salió del palacio del poder, flanqueado por sus ministros, los fieles que sin importar la razón o la irreflexión le dan el hombro. Pisó fuerte, con sobriedad, y empezó su discurso que muchos considerarían después un deja vú permanente. ‘Es voluntad del Gobierno Nacional propiciar un clima de paz y tranquilidad social entre los diferentes agentes sociales...’, espetó.

Repitió y repitió. Cinco, seis y siete veces más. La fórmula ha sido constante: insistir, imponer, recular y volver a insistir.

Tal vez lo único que ha quedado claro en estos tres años de mandato es que el presidente Martinelli no ha podido gobernar sin sobresaltos ni crisis. O que sin eso no se puede gobernar.

De hecho, ‘el cambio’ lo ha llevado a enfrentarse a todos: sociedad civil, gremios médicos, gobiernos locales, educadores, medios, ambientalistas, indígenas, organizaciones internacionales, indígenas y empresarios.

‘El gobierno impone a sangre y fuego sus decisiones’, suelta sin contenerse el activista de derechos humanos y presidente electo de la Apede, Roberto Troncoso. Sabrá él por qué lo dice: fue uno de los comisionados por el gobierno para investigar la muerte de tres indígenas en Bocas del Toro, por la represión de la Fuerza Pública.

Murieron también por enfrentar la Ley 30, la primera moción impositiva del gobierno, y que feneció.

‘ESTOY LOCO, PERO POR CAMBIAR EL PAÍS....’

Según políticos y empresarios cercanos y opuestos a Martinelli, él es impulsivo. Así vive, así ha manejado sus negocios, así gobierna. Y así yerra.

‘Ricardito (Ricardo Mart inelli) explota con más sagacidad, más rudeza y menos vergüenza las distorsiones del sistema ‘democrático’ que las cuatro presidencias anteriores fueron acumulando...’, radiografió el dirigente de la Cruzada Civilista Roberto Brenes, en un artículo publicado en La Prensa el 13 de junio último.

Quienes conocen al presidente sabían que algo así pasaría; su campaña electoral fue un preludio: ‘estoy loco... pero por cambiar las cosas en el país’, decía antes de hacerse con el 60% de los votos y, con eso, las esperanzas de un país de salir del sistema político en el que la corrupción se ha llevado el mejor papel.

Sin embargo, el empresario Rafael Carles, en una columna que publicó el 8 de junio pasado, relata un panorama de cabeza a la promesa del ahora jefe de Estado. ‘(...) La forma impulsiva e intolerante en que el pres idente decide desarrollar un proceso de cambios (está) reflejado principalmente en la construcción de infraestructura, que, a fin de cuentas, tan solo podría servir para albergar instituciones en franco deterioro’.

Esa es la mirada común. La de estos tiempos. La que va a contravía de los postulados ‘del cambio’ y que, a juzgar por los sectores de la vida nacional, parecen lejos de cumplirse.

DE PATAS Y DE MANOS

Quizá Martinelli se ahogue hoy en su eslogan electoral de que ‘aquí se puede meter la pata pero no las manos’. Ocho de cada 10 panameños cree que su gobierno es igual o más corrupto que los anteriores.

Es que las denuncias de corrupción en su administración han dejado de ser la excepción. Empezaron con la eliminación del control previo a instituciones públicas, siguieron con María Cristina González, Gabriel De Janon y el tráfico de chinos en el Servicio Nacional de Migración y, se han profundizado con Federico Suárez, ‘asfaltando tu ciudad’, la ampliación de la autopista Arraiján- La Chorrera, el plan de reordenamiento vial, Franklin Vergara y los Minsa-Capsi.

Finmeccanica ha sido otro dolor de cabeza para la era Martinelli. Ha hecho que su nombre y el de su gobierno resuenen en Nápoles y en la Roma de sus ancestros, como nunca, al ser ligado a sospechas de sobornos para conceder contratos millonarios.

Pero acá, del otro lado del mundo, las historias no han sido tan disímiles. Juan Hombrón se ha colado en la mesa del poder y ha remecido al gobierno hasta sus más profundos cimientos: Demetrio ‘Jimmy’ Papadimitriu, el ministro de la Presidencia y mente de las estrategias mediáticas que llevaron a Martinelli a la Presidencia de la República, ha sido señalado en el escándalo de titulaciones de tierras gratuitas en la paradisíaca playa coclesana.

Según las investigaciones, las tierras pasaban a pescadores, y de ahí a sociedades vinculadas a familiares del ministro. Además, Anabelle Villamonte, la abogada de los procesos de titulación, es la misma que al arrancar el gobierno fue nombrada para autorizar las titulaciones.

Fuen tes cercanas a la Presidencia han confirmado que este ‘affair’ resquebrajó al Gabinete y el apoyo de Papadimitriu a Martinelli. Las fuerzas a lo interno del Ejecutivo se reordenaron. El protagonismo de Papadimitriu sobre Salomón Shamah, el ministro de Turismo al que Estados Unidos le retiró la visa, se redujo. Uno ya no le habla tanto al presidente como el otro. Y ‘Jimmy’ se alejó.

Todos estos escándalos generaron crisis, y para cada una de ellas el gobierno encontró una salida mediática. Contrarrespuestas, cuñas, saltos políticos y cambios de Gabinete que no se han concretado.

‘Fueron válvulas de escape para entretener a los ciudadanos’, reflexiona Roberto Troncosco.

SOBRESALTOS Y EL ‘PLAN M’

Pero el gobierno no ha sido solo hecatombes por corrupción. La era Martinelli ha estirado los parámetros de la cultura política panameña y, de acuerdo con dirigentes de la sociedad civil y analistas internacionales, sus sobresaltos son un ‘peligro para la democracia’.

Primero, en lo que va de su período, el termómetro de las libertades arroja resultados cada vez más críticos. Con las represiones a los indígenas en Bocas del Toro y San Félix, los activistas de derechos humanos han alzado su voz.

Y con los medios no ha sido distinto: según el más reciente sondeo del Fórum de Periodistas, el 82.8% de los comunicadores sociales cree que la libertad de expresión ‘ha empeorado’ en los últimos meses. Una cautela sazonada con la compra de medios que han emprendido el propio presidente como empresarios de su círculo más cercano.

‘Todo esto está premeditado’, lanza Miguel Antonio Bernal, constitucionalista y dirigente de la sociedad civil organizada, con la que Martinelli dice ‘no cogobernar’. El también abogado se refiere a los problemas con los medios y a la institucionalidad democrática.

Es que el jefe de Estado ha nombrado a cuatro de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, deberá designar a otro más a finales de año, y estaba por elegir tres más con la reviviscencia de la Sala Quinta, una idea de Alejandro Moncada Luna, un experredista a quien pagó su fidelidad convirtiéndolo en magistrado.

Además, en menos de dos años de gobierno del cambio, fue destituida la procuradora Ana Matilde Gómez, lo que le permitió a Martinelli nombrar a su sucesor. Las denuncias por casos de corrupción mueren tan pronto llegan al Ministerio Público, y los que más suerte tienen se han resuelto con la inocencia de los funcionarios involucrados.

La ruta ‘del cambio’ siguió con Juan Carlos Varela y sus entrañables aliados, los panameñistas, quienes salieron del gobierno después de 26 meses. Martinelli destituyó a Varela como canciller, por que no cumplía con sus funciones, y tras él se fue una andanada de funcionarios de altos mandos que negociaron un espacio en las mieles del poder. Fue el inicio de la crisis permanente.

Ese rompimiento recrudeció la necesidad de tener un Cambio Democrático ‘x large’. El tranfuguismo volvió a los panameñistas como en efecto búmeran: en 2009, con CD aprobaron una ley que hace casi imposible que un diputado pueda perder su curul por saltar de partido. Esa norma permitió que el oficialismo duplicara su cantidad de legisladores (de 17 a 36).

‘Nosotros ya no vamos encaminados a nada... esto es una dictadura y una ignominia’, avisa Bernal.

Aunque el gobierno de Martinelli ha tomado distancia de esa idea, sus opositores advierten que sigue el intento por controlar el Tribunal Electoral, la institución que debe garantizar la transparencia de los procesos electorales.

Y pasó. CD pidió a Moncada Luna admitir un proceso contra los magistrados electorales, para que queden encarcelados por ‘desacato’, al no emitirle a sus diputados las credenciales al Parlacen. Otra similar fue retirada a solicitud de Martinelli tras severos reproches en su contra.

LA APUESTA DEL FRENTE

Los sobresaltos y las crisis fueron tejiendo lo que hasta hace poco nadie se esperaba y que un día sorprendió sin más. Que los partidos Panameñista, PRD y Popular, de corrientes históricamente opuestas, se unieran, y que la sociedad civil los secundara.

En una coalición a la que han llamado ‘Frente por la Democracia’ llevaron al gobierno a detener la Sala Quinta y a bajar la velocidad en el intento de vender las acciones estatales de las empresas mixtas, lo que ha dejado a la administración de Martinelli con un hueco de 400 millones de dólares en el presupuesto de este año, para impulsar proyectos sociales y sus megaobras; es decir, el cambio.

‘El gobierno está en un callejón sin salida. Debe conquistar votos pero no puede gastar lo que quisiera para ganar las elecciones’, dice el analista Renato Pereira.

Pero ¿por qué hablar de elecciones? Porque, según los pronósticos de los críticos, el fin del ‘plan M ’ es continuar en el poder.