Planes de censura nacieron en 2011

PANAMÁ. La idea del gobierno de establecer controles en las redes informáticas del país no es nueva.

Desde hace más de un año en las altas esferas gubernamentales se ha estado gestando esta propuesta para ponerle un alto a los hackers, que comenzaban a infiltrarse en las computadoras de algunos ministerios.

Todo inició cuando a finales de junio del año pasado, la Secretaría de Comunicación del Estado, a través de un comunicado, anunció que la computadora de trabajo del ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, había sido ‘hackeada’ y que la incursión se produjo a través de su correo electrónico.

Veinticuatro horas después, el presidente Ricardo Martinelli manifestó a través de su cuenta de Twitter, que también el ministro de Seguridad, José Mulino fue ‘hackeado’, así como también al menos diez computadoras que eran utilizadas por secretarias, equipos técnicos, de finanzas y el despacho del viceministro de Seguridad.

Frente a la invasión de los ‘hackers’ en el Ejecutivo, el presidente Martinelli manifestó su preocupación y vaticinó que el gobierno iba a tomar medidas para evitar que los incidentes se repitieran.

LOS PRONÓSTICOS

A raíz de todos estos sucesos, hace tan solo dos meses, en medio de la inauguración de ‘Conectar Las Américas’ en Panamá, el mandatario desnudó los aspectos que englobarían el anteproyecto 377.

Martinelli pidió al secretario general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Hamadoun Touré, un ‘mayor control en el uso de internet’, haciendo énfasis en la necesidad de colocar una identidad en los IP (computador) cuando se publica algo a favor o en contra de una persona.

‘Este desenfreno que existe tiene que de alguna forma ser controlado’, expresó enérgicamentente.

Martinelli también se refirió al asunto de la pornografía infantil donde aseguró promovería una ‘estricta ley contra este flagelo’, y que para su redacción se utilizaría como modelo la que existe en Costa Rica.

Este último lo repitió la semana pasada en medio del discurso que rindió ante las Naciones Unidas.

Pero hoy tanto gremios periodísticos como sociedad civil dudan. No descartan que detrás de esas propuestas esté el interés de, primero, coartar la libertad de expresión y, luego, de criminalizar el periodismo. Es que quien publique información que el gobierno clasificó como ‘reservada’ podría ir a la cárcel.