La miseria en el país del sueño hanseático

Diez días de tenaz lucha en las calles duramente reprimida por la policía, con un saldo de al menos cuatro muertos de bala, decenas de heridos y centenares de detenidos. Ese es el resultado del alzamiento popular del pueblo de Colón, segunda ciudad en importancia económica y demográfica de la república de Panamá. La primera, la imposición de la Ley 72 que autoriza la venta de terrenos en el área de la Zona Libre de Colón (ZLC), la mayor área de reexportación del continente americano. La otra, la extrema miseria en que vive la población de esta ciudad que habita al lado del negocio más próspero del país. La ciudad de Colón es la fotografía viva y desgarrante del capitalismo panameño con su extrema polarización de la riqueza en pocas manos y la pobreza más insultante para las mayorías.

Es un deber de los sectores más conscientes no perder de vista el problema de fondo en Colón que explica las verdaderas causas de este ‘octubre rojo’ panameño. Porque la sola derogación de la Ley 72, que puede ser conveniente para los comerciantes que han controlado por décadas el negocio de reexportación, no solucionará el problema de fondo: la injusticia social que mueve a los colonenses a las calles.

Mientras que respecto a la derogación, la posición firme del Frente Amplio de Colón (‘no hay negociación sin derogación’) está clara; sobre lo segundo ni el FAC ni ningún otro sector del movimiento popular han propuesto todavía una fórmula.

Por ello, habría que formular una respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo la ZLC va a compartir sus enormes ganancias con el pueblo colonense?

Las 1.751 empresas de la ZLC no pagan ningún tipo de impuestos. La última vez que un gobierno intentó cargarles uno leve, con Pérez Balladares, los poderosos comerciantes pegaron el grito al cielo y el gobierno tuvo que retroceder. Lo único que pagan es un arrendamiento por las instalaciones. Se estima que en 2012 la ZLC manejará un movimiento comercial de 12.447.646 millones de dólares, según la Contraloría General.

Pese a toda esa riqueza que se mueve dentro de las 240 hectáreas, la ciudad de Colón es una urbe paupérrima, en que la población camina en aceras decrépitas por donde corren aguas cloacales, malvive en edificios a medio caerse, cuya juventud padece el desempleo crónico (15%, según Jované) y se refugia en las pandillas; con hospitales decadentes y clínicas mal equipadas; ni hablemos de las escuelas. El desempleo general puede estar cerca del 25%.

En la crisis actual se mueven aviesos intereses. Los del grupo gobernante, que ha impuesto la Ley 72 con la que pretenden hacerse con una cifra de entre 200 y 400 millones de dólares para cuadrar un presupuesto exorbitante. Y los de la oligarquía comercial que controla la ZL, a la que le conviene la derogación porque el decreto de 1948 les permite seguir lucrando sin compartir un centavo con el pueblo colonense, como han hecho por sesenta años. De ahí que hay que buscar una propuesta que obligue a esos comerciantes a compartir un pedazo de la riqueza. Propuesta que, aún manteniendo el negocio capitalista, haga algo de justicia al pueblo colonense y permita resolver las enormes disparidades sociales.

Colón es la punta del iceberg de un conflicto social que atraviesa todo el país, entre la riqueza de una casta comercial que ha empezado a ver su sueño hanseático cumplido y esa masa popular que vegeta en la pobreza más allá de los edificios de la bahía de Panamá. El problema de fondo que amenaza con estallar es el capitalismo transitista y su sueño hanseático, cada vez más inequitativo, injusto y antidemocrático.

SOCIÓLOGO