La videovigilancia vuelve a escena

PANAMÁ. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) volvió a empujar el contrato de concesión para el servicio de cámara de vigilancia para la seguridad vial, mejor conocida como ‘cámaras pone boletas’, que le otorgó a la empresa Traffic Safety.

La semana pasada el director de la ATTT, Ventura Vega, informó que se adelantaba modificaciones al contrato, lo que permitiría variar el porcentaje que cobrarían ambas partes por las boletas impuestas.

En junio pasado, las cámaras saltaron a la luz público al mismo tiempo que los cuestionamientos en contra del contrato que establece que el Estado se quedaría con el 35% y la empresa con el resto (65%).

Vega dijo en Telemetro la semana pasada que el margen se invertiría. El 35% sería para la empresa y el 65% para el Estado, pero no ofreció mayores detalles.

Lo cierto es que el contrato se firmó el 20 de abril de este año y la empresa colocó la primera cámara en Costa del Este e impuso 2 mil boletas por exceso de velocidad que tiene una sanción de 50 dólares. Es decir, las sanciones sumaron 100 mil dólares.

El contrato le otorga a la empresa el derecho de instalar 20 cámaras o más en todo el país.

ATTT NO TIENE FACULTAD

A pesar de que las autoridades del tránsito buscan apaciguar las primeras críticas por el porcentaje que recibiría el Estado, el contrato podría enfrentar un escollo legal.

El abogado Víctor Martínez demandó el contrato, el pasado 13 de noviembre, ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que aún no ha admitido.

La demanda se sustenta, fundamentalmente, en el hecho de que la ATTT no tiene facultad para realizar un contrato de concesión.

Martínez sustentó la demanda en la Ley 52 de diciembre de 2005, que establece que los contratos de concesión solo pueden ser determinados por el Consejo de Gabinete.

El contrato para la instalación de las cámaras fue aprobado por la Junta Directiva de la ATTT, mediante la Resolución N° 17 del 23 de junio de 2011.

Pero no es la única ilegalidad que saltaría del contrato. Para Martínez la relación contractual de Traffic Safety con el Estado no puede ser considerada un contrato de concesión porque la empresa no está prestando un servicio a la población.

Las cámaras no son un servicio, recalcó, y comparó el contrato de concesión que mantenía el Estado con las empresas que operaban los corredores. Allí sí hay un servicio por el cual las empresas invirtieron y cobraban un peaje para recuperar su inversión y obtener ganancias.

El contrato con Traffic Safety establece que la empresa debe invertir $3 millones durante el periodo de concesión, que es de 10 años. En otras palabras, $300 mil por año.

Con las primeras 2 mil boletas que se impusieron en Costa del Este, la empresa se embolsilló $65 mil y al Estado le tocaron $35 mil, según los porcentajes establecidos en el contrato.

Martínez estimó, además, que el contrato no ‘representa los mayores intereses del Estado’, lo que viola la Ley 22 de junio de 2006, que regula las contrataciones públicas.

Aunque Vega anunció que se invertiría el porcentaje que reciben las partes, para el abogado Martínez el contrato no deja de ser ilegal.

Por dos días consecutivos se intentó localizar a Vega, pero no fue posible.

La ATTT tendrá que modificar el contrato para variar el porcentaje, pero hasta ayer se desconocía si los cambios se habían hecho.

En junio pasado, cuando se instaló la primera cámara, muchos conductores se sorprendieron con las boletas porque desconocían del sistema. Martínez fue uno de esos conductores.