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17 de May de 2022

Nacional

La f alta de presupuesto ahogaría al Sistema Penal

PANAMÁ. Ante la falta de partidas presupuestarias, la puesta en marcha del Sistema Penal Acusatorio (SPA) está a punto de ‘ahogarse’.

PANAMÁ. Ante la falta de partidas presupuestarias, la puesta en marcha del Sistema Penal Acusatorio (SPA) está a punto de ‘ahogarse’.

El nuevo sistema que intenta dar una respuesta oportuna y prudente a la mora judicial sería pospuesto debido a ‘problemas presupuestarios’.

Voceros de la sociedad civil destacan ‘las grandes’ sumas otorgadas para la vigencia fiscal 2013 a otras instituciones y las comparan con lo otorgado a la justicia.

Por ejemplo, la partida asignada al Servicio de Protección Institucional (SPI) es de $23 millones, mientras que al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMEL) solo se le aprobaron $19 millones, siendo esta instancia uno de los pilares fundamentales para la ejecución del SPA.

El Ministerio Público también necesita un presupuesto para cumplir con el sistema.

La situación es tal que la procuradora, Ana Belfon, en una entrevista reciente con La Estrella informó que le planteó al Ministerio de Economía y Finanzas las necesidades en esa institución. En respuesta, se le comprometió la aprobación de partidas extraordinarias.

La procuradora, que piensa que invertir en la capacitación para el SPA es fundamental, dijo que en el presupuesto ‘hay que priorizar, hacer reajustes y recortes’.

PREAVISO

La advertencia de que se necesitaba una mayor inyección de capital para el SPA fue lanzada en su momento por diferentes sectores de la sociedad y conocedores del tema.

Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana, dijo que cuando se aprobó el presupuesto para el 2013 se cuestionó que todo el componente de la justicia solo tenía $221 millones, mientras que al Ministerio de Seguridad se le asignaron $637 millones. ‘Realmente se está menospreciando la importancia del sistema de justicia en un estado de derecho’, reclamó Castillo, al tiempo que pidió al gobierno enmendar el error a través de ajustes presupuestarios.

Y es que el tema económico también fue punto de debate por los lados del IMEL. El doctor Humberto Mas, su director, dijo que la falta de presupuesto dificultaría el nombramiento de profesionales, la parte de docencia, la compra de equipos y la capacitación de peritos. Hoy esos temores se han hecho realidad.

‘Antes de implementarse en las primeras provincias el SPA, nosotros teníamos la necesidad de ir formando personal, necesitábamos dinero, fuimos a todos los lugares, se hicieron promesas, pero los presupuestos solicitados nunca se cumplieron. A pesar de esto, Medicina Legal sigue trabajando con los recursos actuales y tratando de responder a los estándares científicos que el sistema requiere’.

CIERRAN FILAS

Un 70% de los reclusos en Panamá aún no ha recibido sentencia, el 80% de los casos de homicidios quedan impunes con el sistema vigente. Esto mantiene una preocupación compartida entre el gremio de abogados, sociedad civil y otras instituciones.

Para el catedrático Miguel Antonio Bernal, la suspensión del SPA, por falta de dinero, es una excusa ‘barata y banal’ que tiene su raíz en querer destruir el sistema, ya que protege el debido proceso y evita la ‘ultracorrupción’ que existe en el Ministerio Público y el Órgano Judicial.

Descongestionar un sistema que adolece de lentitud y malos manejos es la petición de los que dependen del Órgano Judicial directa e indirectamente.

En este país no se puede dar la excusa de que no hay dinero para la justicia, mientras sí hay para organizar los carnavales, resaltó por su parte Angélica Maytín, de Transparencia Internacional.

‘Este país tiene recursos; que lo dilapiden en otras cosas, es otro asunto’, expresó la abogada.

REUNIÓN

Hoy en las instalaciones del Colegio Nacional de Abogados se ha convocado a una reunión de trabajo en la que abogados, miembros de la sociedad civil y todos los interesados en impedir que se postergue la implementación del SPA en su correspondiente etapa 2013, analizarán la propuesta de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la cual de antemano han calificado de ‘inaceptable’.